Iris Rosario

Tribuna Invitada

Por Iris Rosario
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Freno al cambio en la Ley de Menores

Además de la licenciada Iris Rosario son co autores de este escrito los abogados Julio Fontanet, Dora Nevares y Oscar Miranda.

Durante una conferencia de prensa celebrada ayer, 7 de diciembre de 2017, cuatro profesores de Derecho penal de las Facultades de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Interamericana nos opusimos a la aprobación en la Asamblea Legislativa de los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036. Nuestros fundamentos se plasmaron en la siguiente declaración:

Los hemos convocado hoy aquí para expresar como profesores y profesoras de Derecho penal nuestra honda preocupación por la aprobación expedita de los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036 en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, y por la eventual firma del Gobernador aprobando los mismos.

Mediante dichos proyectos, fundamentados en supuestos nuevos estilos de delincuencia por parte de los menores, y sin ningún estudio empírico que los avale, la Asamblea Legislativa pretende derogar la actual Ley de Menores de Puerto Rico y enmendar sustancialmente las Reglas de Procedimiento de Menores.  Con la aprobación de estos proyectos, entre otras cosas,: (1) disminuiría la edad de los menores que pueden ser excluidos de la jurisdicción de los Tribunales de Menores con el propósito de que sean juzgados y penados de la misma forma que un adulto;  (2) se extendería la cantidad de delitos que pueden ser catalogados como la peor falta que puede cometer un menor y con ello, se ampliaría la pena que puede imponérsele a los y las jóvenes en los Tribunales de Menores; (3) aumentarían las penas que pueden imponerse en otras faltas que no deberían catalogarse como graves; (4) se quebrantaría el manto de confidencialidad que debe cobijar a los procedimientos de menores; (5) se limitaría el procedimiento de desvío por el cual un tribunal de menores puede intervenir mediante medidas alternativas, por ejemplo proveyendo tratamiento, sin tener que llegar a procesar a un o una joven; (6) disminuiría la posibilidad de que los y las menores puedan ser sometidos junto a los y las perjudicados del caso a un proceso de mediación de conflictos; (7) se impondría a los menores la pena especial, o sea, una pena pecuniaria que ya se impone muy cuestionablemente en los tribunales para adultos; (8) y se le otorgaría al Estado la posibilidad de ampliar el periodo de tiempo mediante el cual pueden celebrarse los procedimientos, aun cuando los y las menores estén privados de su libertad en instituciones juveniles.

Nos oponemos a los proyectos ya referidos porque desconocen la publicación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos de un importante grupo de casos que han dado cuenta sobre una realidad innegable: que los  menores son sujetos de derecho distintos a los adultos, que estos no pueden motivarse por una norma penal de la misma forma que un adulto; puesto que son inmaduros, están sujetos a muchas presiones por parte de sus pares y, porque son incapaces de hacer un análisis sobre las consecuencias de las conductas antijurídicas en las que incurren.

Reconocemos la necesidad de someter nuestros procedimientos de menores a un serio proceso de estudio y enmiendas. No obstante, no podemos avalar la forma expedita en la que se han aprobado los proyectos en cuestión. La derogación de la actual Ley de Menores y las enmiendas a las Reglas de Procedimiento de Menores deben ser producto , tal y como se realizó con la actual Ley durante la década del 80, de la creación de un Comité interdisciplinario que esté integrado por científicos sociales, juristas, representantes de organizaciones sin fines de lucro y profesionales de la salud que puedan dar cuenta sobre datos científicos pertinentes y sobre realidades sociológicas importantes que afectan a la población juvenil puertorriqueña.

Finalmente, tenemos que expresar nuestros reparos ante proyectos de ley que tendrán como consecuencia que más niños y niñas pobres sean criminalizados por el Estado. Conforme ilustra la ponencia presentada ante la Legislatura por la Sociedad para Asistencia Legal, la realidad es que: los y las menores confinados en las instituciones juveniles del país son pobres, tienen serios problemas de salud mental y muchos son estudiantes de Educación Especial. En la medida en que, tras el paso del Huracán María por Puerto Rico, una mayor cantidad de la población se colocará por debajo de los niveles de la línea de pobreza, esta preocupación presentada por la SAL resulta ser cada vez más pertinente. Tenemos que tener en cuenta que, no solamente se han cerrado una cantidad importante de escuelas, sino que la crisis humanitaria que estamos atravesando priva a muchos niños y niñas de los cuidados de salud mental que necesitan.

Es por todo lo anterior que solicitamos a la Cámara de Representantes que, antes de derogar una Ley con la trascendencia que posee la Ley de Menores y aprobar los Proyectos en cuestión, reflexione en torno a la trascendencia de estas medidas y reconozca la necesidad de crear un Comité Interdisciplinario. En su defecto, solicitamos al Gobernador que no los apruebe mediante su firma. Después de todo, lo que está en juego es el futuro mismo de nuestro país: nuestros niños y niñas. Estos ciudadanos y ciudadanas tan vulnerables lo que necesitan es que el Estado, en lugar de darlos por perdidos, asuma la responsabilidad de atender sus necesidades.

Prof. Dora Nevares                                                                               

Prof. Julio Fontanet

Prof. Iris Rosario                                                                                   

Prof. Oscar Miranda

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