Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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Giro a la modernidad energética

En lo que posiblemente sea una de las decisiones de política pública más trascendentales en la historia reciente de Puerto Rico, el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció en un mensaje especial al país, la decisión de privatizar los activos de la difunta Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Fundada en 1941, la AEE junto a la Universidad de Puerto Rico y el Banco Gubernamental de Fomento, fueron instituciones puntas de lanza del despegue industrial e institucional de la Isla. La antigua Fuente Fluviales energizó al país bajo la guía del estado. Sirvió bien a la Isla, hasta que entró la política y eventualmente los malos manejos que la llevaron a la insolvencia. En mayo de 2017, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) permitió a la AEE a acogerse al Título 3 de PROMESA.

Hoy, la AEE siendo un monopolio del Estado, tiene una deuda de $11,000 millones (préstamos y bonos emitidos), mientras que el valor en los libros ronda los $4,000 millones (antes del ciclón).

La decisión del gobernador Ricardo Rosselló no ocurre en un vacío, toda vez que el país se debate entre la vida y la muerte desde el punto de vista económico, luego del devastador huracán “María” que demolió el sistema energético del país. El gobernador sabe que el modelo energético actual no es viable, y que ya era hora de cambiar el viejo paradigma anclado en una corporación quebrada. Sabe también el gobernador que sin suficiente ayuda federal y sin acceso a los mercados de capital, energizar al país será una tarea casi imposible.

En la actual coyuntura, el gobernador sabe que la única manera de viabilizar un nuevo modelo energético es abriendo el mercado al capital privado y operadores con experiencia global. La privatización es un reconocimiento tácito de que el modelo público ha fracasado y que, si en efecto aspiramos ser una economía competitiva y moderna, urge desarrollar un sistema energético que responda a las demandas de la economía global.

Distintos economistas y otros estudiosos de la economía de Puerto Rico llevamos mucho reclamando cambios significativos en el modelo energético, como unas de las reformas estructurales necesarias para fortalecer la competitividad global de la isla.

Hoy, las difíciles circunstancias no han dejado otra opción que romper con los miedos a la privatización y encaminar una decisión de política pública que debe expandirse a otras corporaciones en igual estado de insolvencia, como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Puertos y la Autoridad de Carreteras y Transportación.

El capital privado y el conocimiento técnico que traigan los inversionistas y operadores serán componentes claves del proceso de recuperación de la economía local. Hemos estimado que la modernización de la infraestructura del país necesita entre $10,000 y $15,000 millones para traerla al siglo 21 y apoyar unproceso de desarrollo económico sostenido.

Queda ahora el reto de asegurar que el proceso de privatización ocurra de forma transparente para garantizar el interés público. Igualmente, urge un ente regulatorio que asegure tarifas competitivas para asegurar el bienestar del consumidor dentro de esta transición. La privatización bien implementada puede ser la estrategia correcta dentro de las transformaciones que demanda la actual situación de Puerto Rico.

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