Víctor García San Inocencio

Tribuna Invitada

Por Víctor García San Inocencio
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Gobernador a la cañona

El divorcio entre lo social y lo jurídico ha cobrado proporciones épicas en las pasadas horas. La renuncia a regañadientes a la gobernación de Ricardo Rosselló estuvo precedida por el diseño de una vacante creada mediante la renuncia en la Secretaría de Estado. Rosselló y su grupo de potenciales perdonables o indultables ganarían tiempo valioso. El diseño añadió una renuncia aplazada, postdatada al caldo de incertidumbres.

Rota la piña, se desprendieron salidas y sustituciones en distintas direcciones. El saliente mandatario podría retirar su renuncia. De hecho, dos raquíticas expresiones de un puñado de seguidores, la última en la víspera de la salida en La Rogativa, imploraban a Rosselló que se quedase. El reverendo Jorge Rashke, un clásico enamorado de la proximidad al poder— salía de La Fortaleza habiéndole prometido al saliente incumbente consuelo espiritual si decidía quedarse. Por otro lado, en el Senado se aplazó el proceso para constituir una Comisión Total para evaluar el nombramiento. La vista de evaluación del nombramiento de Pierluisi se efectuaría tres días después de la hora y fecha límite —modificable— de la incierta renuncia de Rosselló a las 5 de la tarde del 2 de agosto.

Pierluisi fue designado y juramentado secretario de Estado la antevíspera, el miércoles, y el saliente incumbente citó a una sesión extraordinaria para que la Cámara y el Senado considerasen el nombramiento. Es predecible que a Pierluisi no lo confirme el Senado, mientras, podría contar con votos suficientes en la Cámara que celebra una vista evaluativa y votará sobre el nombramiento antes de las célebres 5 pm. Mientras esto sucede, dos variantes adicionales se añaden al coctel de las inseguridades jurídicas. Por un lado, se ha discutido que todavía no se ha perfeccionado la confirmación de Pierluisi y que por tanto, hay una vacante en la Secretaría de Estado que debe llenar la secretaria de Justicia. Por el otro lado, se arguye que por efecto de la Ley Num. 7, de mayo del 2005, producto del tortuoso gobierno compartido, no necesita estar confirmado el secretario de Estado y que por lo tanto, es inoficioso el proceso para el cual se citó la segunda sesión extraordinaria.

El 2 de agosto a las 5 pm, sabremos a cuál clavo caliente se agarra cada quien. O el gobernador retira la renuncia, hecho dudoso dada su extraordinaria debilidad política; o la secretaria de Justicia intenta asumir el cargo de gobernadora; o el secretario de Estado inconfirmado lo asume al amparo de la ley, pero contra toda lógica constitucional; o la secretaria de Justicia le cede el paso a esos fines; o la Cámara lo cuelga frustrando toda pretensión de interinato de Pierluisi, que aparenta tener los días contados ante el Senado que probablemente lo cuelgue.

Sea cual fuere la vía o los pleitos, si el gobernador retira su renuncia, retendrá a la cañona el cargo contra la manifiesta voluntad del pueblo. Si Pierluisi asume el cargo de gobernador, confirmado por la Cámara, pero sin la confirmación del Senado, será una violación crasa a la separación de poderes y una cañona posiblemente “legal”, pero inconstitucional, por lo que cualquier acto administrativo suyo podría ser nulo o anulable. No debe olvidarse el caso de Marisara Pont. Si la secretaria de Justicia cede lo que no puede —el paso de Pierluisi a la gobernación— probablemente será residenciada por permitirlo. Si evade asumir la gobernación, tendrá que renunciar a la secretaría de Justicia, y llegaría a La Fortaleza el secretario de Educación.

Si alguien con legitimación activa impugna, probablemente el Tribunal Supremo atenderá el asunto. Es posible que ninguna de las pretensiones de gobernar a la cañona prevalezca. Mientras la paciencia del pueblo crece o se agota, viendo los juegos y estrategias jurídicas y politiqueras agrandar el clima de incertidumbre.

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