Vicente Feliciano

Punto de vista

Por Vicente Feliciano
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Gobernando con transparencia en Puerto Rico

Si tuviéramos mayor transparencia en la gestión gubernamental, se tomarían mejores decisiones. Un ejemplo reciente de transparencia positiva estuvo relacionado con el Negociado de Energía, quien está obligado por ley a promover la eficiencia energética. Sin embargo, informados de que los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica iban a pagar la campaña publicitaria con un cargo en la factura, el liderazgo político la detuvo.

Lamentablemente, la transparencia que se le requiere al Negociado de Energía no existe en muchas áreas de gestión gubernamental. Se aprueban medidas sin establecer claramente cuál va a ser el costo y quién lo va a pagar.

Tomemos el caso de los empleados del Negociado de Emergencias Médicas y del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Se les acaba de extender su período de vacaciones de 15 a 30 días. Prácticamente nadie en el sector privado tiene 30 días de vacaciones, pero nuestros políticos y los sindicatos gubernamentales se combinaron para pasarle un costo adicional al país.

Contrario al caso del Negociado de Energía, aquí no hay transparencia sobre el costo y sobre quién recae. Se actúa bajo la premisa de que ofrecer vacaciones es un beneficio sin costo. Si fuera así, se podrían ofrecer 365 días de vacaciones al año.

Hoy día el Cuerpo de Vigilantes utiliza sus días de trabajo para proteger el ambiente y nuestros recursos naturales. Si toman 15 días adicionales de vacaciones, el costo será altísimo y lo pagarán tanto esta como futuras generaciones. Del mismo modo, es probable que el costo de las vacaciones del Negociando de Emergencias Médicas se mida en vidas perdidas.

Por supuesto, se podría contratar a personal nuevo para cubrir el tiempo de las nuevas vacaciones. La nómina de estos nuevos empleados provendría de las contribuciones que pagamos los residentes de Puerto Rico, demostrando que, otorgar vacaciones cuesta y alguien las paga.

Otro ejemplo de falta de transparencia son las pensiones gubernamentales. En el pasado se otorgaron beneficios sin aumentar la aportación de los empleados, como si nadie tuviera que pagar por estos beneficios. Esto fue lo que llevó al colapso del sistema de retiro.

Según el Plan de Ajuste de Deuda presentado a la jueza Laura Taylor Swain, los pensionados les están dejando a las generaciones más jóvenes una cuenta de $2,000 millones al año en pago de pensiones, además de la cuenta de $1,500 millones en pagos de bonos. Si no se recortan las pensiones, la cuenta que se le dejaría a los más jóvenes será aún mayor.

Los que promueven que no haya recorte de pensiones no se consideran anti-juventud. Sin embargo, favorecer que no se recorten las pensiones y promover que se les impongan cargas adicionales a nuestros jóvenes es el anverso y el reverso de la misma moneda. No hay uno sin lo otro.

Cuando se hace transparente el cargo para promover eficiencia en el consumo de electricidad, de repente no estamos de acuerdo. Similar transparencia debe otorgárseles a otras gestiones gubernamentales, como serían los días de vacaciones y el pago de pensiones.

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