Myrna Rivas

Tribuna Invitada

Por Myrna Rivas
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Gobierno como valor público

Si algo nos ha enseñado la experiencia del huracán María es que los ciudadanos se acercan a los gobiernos buscando respuestas que cada vez menos están en manos de los gobiernos. Pero quisiera resaltar que esto no es exclusivo de Puerto Rico; es algo que los teóricos e investigadores de la Administración Pública vienen advirtiendo.

Los ciudadanos en muchas partes del mundo están reconociendo que la democracia representativa no se limita a ejercer su voto cada x años. Se está desarrollando un ciudadano más proactivo que identifica los problemas relevantes, propone alternativas e incluso pasa a la acción sin contar con su gobierno. Esto conlleva un nuevo rol para el gobierno como un colaborador más, eso sí, con la gran encomienda de velar por la generación de valor público.

El enfoque de la Nueva Gestión Pública que pretendió en los ochenta y noventa “reinventar el gobierno” para enfrentar la burocracia dejó demasiados cabos sueltos. Aunque incorporó en principio elementos como la eficiencia y la efectividad, también trajo consigo una racionalidad del mercado y privatización, no siempre fiscalizada ni centrada en las verdaderas necesidades, donde el ciudadano pasó a ser cliente y donde seguían siendo los oficiales electos los que determinaban las políticas y acciones a seguir.

El manejo de los desastres naturales, la pobreza, la desigualdad social, el estancamiento de la clase media, el desempleo o el fracaso de los sistemas educativos y de salud delatan la urgencia de gobernar de otra manera.

En el caso de Puerto Rico, la brecha, o más bien el abismo, entre lo que la gente espera y lo que el gobierno ofrece podría explicar por qué desde la perspectiva de algunos ex-administradores el país se ha tornado “ingobernable” o por qué los votantes ejercen un voto de castigo cada cuatro años.

El enfoque emergente de Administración Pública que proponen autores como Mark Moore, John Bryson o Robert Denhardt, entre otros, plantea que el gobierno, más que tener la respuesta a todo, tiene que garantizar el valor público o bien común haciendo un uso correcto de los recursos públicos, con un sistema ágil y claro hacia resultados (outcomes) y rendición de cuentas.

Para que su gestión sea legitima, las prioridades deben estar bien identificadas y alineadas dentro de un consenso social. Es que precisamente el “valor” se genera en la medida que la sociedad reconoce un bien o servicio público como una respuesta acertada a sus necesidades y problemas.

Por su parte, los ciudadanos dejan de ser clientes para transformarse en generadores de iniciativas y fiscalizadores. Este enfoque va de la mano con conceptos como gobernanza, gobierno abierto, gobierno colaborativo, gobierno en red, responsabilidad social, transparencia y deliberación, que suenan bien a todos, pero que requieren mucho camino para su práctica real.

Este enfoque exhorta al administrador público aformarse y conocer a fondo el mandato de su agencia, su misión y sus programas (gestión programática); velar por proveer servicios de calidad, con eficiencia y efectividad (gestión organizacional y fiscal); y trabajar en alianzas con otros sectores (gestión política).

Un servidor público atento a los cambios de su entorno, que piensa estratégicamente, se documenta, investiga, mide sus logros, evalúa su trabajo (y el de su equipo) e innova, pero sobre todo mantiene su oído en tierra y el compromiso con el bien común.

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