Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Gobierno en jaque

Si pensáramos en las carencias monetarias de Puerto Rico como piezas de ajedrez, nos daríamos cuenta de que estamos a punto del jaque mate.

El tablero de los compromisos financieros se va quedando vacío porque crece el incumplimiento, y los tribunales y el Congreso dificultan cada vez más las movidas del gobierno.

Lo hemos visto esta semana en más de un frente y en diferentes escenarios, como ha venido reportando este diario. Veamos.

Comenzamos con los malabares que está teniendo que hacer el gobierno para pagar las pensiones, un renglón que representa el desembolso cada año de $2,500 millones, dinero que no hay.

La Administración de los Sistemas de Retiro fracasó tras colocar el dinero de los pensionados en inversiones que se fueron al piso y el gobierno ideó entonces un sistema “PayGo” mediante el cual los municipios y las corporaciones públicas depositarían los fondos necesarios para que el Fondo General desembolsara los pagos. Pues los pagos se están haciendo, pero de la contribución de $147 millones que debían hacer los municipios siguen faltando $100 millones, y las corporaciones deben la mitad de los $365 millones que les correspondía aportar.

Esto ocurre justo cuando el presupuesto operacional del gobierno está en la mira de la jueza federal Laura Taylor Swain, que el miércoles se reservó su decisión en torno a una demanda gubernamental contra la Junta de Supervisión Fiscal en reclamo de la autoridad sobre la distribución de las partidas presupuestarias.

Simultáneamente, en Washington, la poderosa Comisión de Recursos Naturales de la Cámara se mete de lleno en la lucha por el control de la Autoridad de Energía Eléctrica, agobiada por sus problemas fiscales y extenuada por el lento y difícil proceso de restablecer la red eléctrica destruida por el huracán María hace diez meses.

Los acontecimientos más recientes parecen más el libreto de una complicada telenovela turca. La renuncia intempestiva de un muy bien pagado director ejecutivo, Walter Higgins, y su sustitución por otro muchísimo mejor remunerado, Rafael Díaz Granados, que duró un día. Y al final, el nombramiento de José Ortiz, extitular de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados bajo la gobernación de Luis Fortuño, que ganará menos que los dos anteriores pero más de lo que ganaba antes.

En Washington, el comité congresional de Rob Bishop ya no observa pasivo. Quiere entrar de lleno en la toma de decisiones dizque para ponerle fin a la politización en la AEE, para lo que se llega a sugerir que sea la comisionada residente, Jenniffer González, y no el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien nombre a los integrantes de la Junta de Gobierno.

Ortiz ya ha repartido el pastel de la AEE, en su imaginación claro está, porque no parece estar contando con la Legislatura, que teniendo mayoría del partido de gobierno, ha resultado ser más oposición que en tiempos del “gobiernocompartido” de Aníbal Acevedo Vilá.

Todo indica que la Legislatura, al menos el Senado, va a insistir en un ente regulador fuerte, como el que describió el miércoles el expresidente senatorial Eduardo Bhatia ante el comité de Bishop.

Las determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal que tanto molestan a cada vez más gente en Puerto Rico son nada en comparación con la intervención agresiva en los asuntos de la AEE que se propone en Washington en estos días.

El gobernador Rosselló Nevares no asistió por decisión propia a la audiencia del Comité de Recursos Naturales, pero no podrá mirar para otro lado ante las propuestas que allí se hicieron.

Tendrá que enfrentarse a la crisis en la AEE, a la decisión que finalmente tome la jueza Taylor Swain en la demanda sobre el presupuesto y, quiéralo o no, al pago de las pensiones.

Eso fue esta semana. Ya veremos qué trae la próxima.

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