Jesús Manuel Ortiz

Tribuna Invitada

Por Jesús Manuel Ortiz
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Gobierno fuerza aumento en el costo de vida

En el mes de marzo, diversos sectores comenzamos a alertar sobre los efectos en la gente y en la economía que tendría el alza de 70% del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) propuesta en el Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló. Tras un mes de discusión, el 21 de abril, el gobierno anunció que la propuesta no se implementaría porque la misma tendría un efecto adverso en el mercado de bienes raíces y en los ciudadanos. 

Sin embargo, ayer nos enteramos a través de la prensa que el municipio de Arecibo, sin aviso previo, aumentó su tasa del CRIM de 11.83% a 12%. A pesar de que estoy claro de que el alcalde de Arecibo, y presidente de la Federación de Alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP), está reaccionando a la situación que le creó el gobernador Rosselló al eliminar los llamados subsidios municipales, me parece una desacertada y nefasta decisión que surge incluso después de asegurarle al país que no aumentarían esa tasa.

Todos sabemos que el gobierno abandonó a su suerte a los alcaldes y los dejó en una muy débil posición para ofrecer servicios esenciales a su gente. Pero a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Tomemos a Arecibo como ejemplo del impacto de este aumento en la población. La Villa del Capitán Correa tiene 96,440 habitantes, de los cuales el 49.6% vive bajo el nivel de pobreza. Existen 41,472 hogares, siendo 15,125 los que pagan CRIM por lo que serán, junto a los establecimientos comerciales, los impactados por este aumento. Ahora bien, el dato más revelador y peligroso es que de los hogares que pagan el CRIM, casi dos terceras partes, o sea 9,879, son hogares bajo alquiler por lo que serán los que más rápido sentirán el golpe pues con toda seguridad tendrán que pagar más de mensualidad. He ahí el primer y más injusto golpe a la clase media y pobre.

Si extrapolamos esos números a todo Puerto Rico, notamos que 300,000 de alrededor de 659,000 propiedades que pagan CRIM son residencias bajo alquiler que se verán afectadas directamente.

Otro efecto que tendrá el aumento del CRIM del plan Rosselló será detener el mercado de bienes raíces. Esto a su vez provocará la entrega de viviendas por falta de capacidad de pago, la congelación de inversiones en bienes inmuebles de ciudadanos y empresarios y el abandono de propiedades por parte de sus dueños, lo que ya es un problema en Puerto Rico.

Ante el claro cuadro de indefensión al que el gobierno ha llevado a los municipios, y la necesidad de estos de buscar recursos, me parece más efectivo y menos dañino iniciar un proceso intenso para identificar propiedades adicionales que no están en el esquema contributivo del CRIM y atender el hecho de que el año pasado el CRIM facturó $770 millones y solo cobró $608 millones.

En fin, si la desacertada decisión, que ya se encaminó en Arecibo, se multiplica en toda la isla, se estaría encareciendo el costo de la vivienda, que ya es el segundo mayor gasto anual de los puertorriqueños, después de medicamentos y servicios de salud. Le corresponde al gobernador Rosselló aclarar al país si favorece nuevamente el aumento en el CRIM o si mantiene la posición del gobierno en abril de no ejecutar el mismo.

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