Roberto Alejandro

Desde la diáspora

Por Roberto Alejandro
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Gobierno y estupor

“Aquí no hay una crisis política.  El sistema funcionó”.

“Wanda es gobernadora porque yo llevé el caso que ella no llevó”.

“Pregúntenle a ella si es PNP y si es estadista”.

Cortesía del Presidente del Senado, estas son las expresiones más recientes que demuestran un régimen que sigue en estupor.  Da tumbos a tientas y sus únicos asideros son el pasado conocido, hoy desguazado, de peleas insulsas.  

Estas declaraciones se unen a otras que también dan fe de la parálisis de la elite.  Por ejemplo, en medio de la crisis, la Asociación de Industriales hizo un llamado a “clarificar” el proceso.  La palabra “residenciamiento” no estuvo en su léxico.  Los banqueros fueron mejores y exigieron “acciones decisivas”.  La ambigüedad fue su refugio. “Acciones decisivas” bien pudieron ser el uso del aparato represivo contra la rebeldía digna del pueblo. 

Una vez juramentado como gobernador, un grupo de ciudadanos y ciudadanas expresó su repudió al licenciado Pierluisi por su defensa de la compañía que esparce cenizas en las montañas de Guayama.  Los empresarios lo apoyaron por una razón muy distinta:  las ventas habían mermado en un diez por ciento. Otros se internaron en el apocalipsis e imaginaron “el fin” del ideal estadista y la autodestrucción del PNP, si Pierluisi era descarrillado.

Entonces intervino el Tribunal Supremo y mostró cómo los legisladores de 2005 pecaron de falta de rigor al no percatarse de la contradicción entre el preámbulo de la Ley 7 y la enmienda fatídica.  El preámbulo estipulaba que cualquiera sucediera al gobernador tenía que ocupar un nombramiento en propiedad; la enmienda eximía al secretario de Estado de dicho requisito.

Pero hay dos serios problemas en el razonamiento del tribunal.  Primero, el tribunal toma conocimiento de la necesidad de “estabilidad política” (p.1) y de “traer el sosiego que Puerto Rico merece.” (25) Esto se logra, en su lógica, mostrando fidelidad a la Constitución.

¿Cómo se trae “sosiego” o se promueve la estabilidad permitiendo la juramentación de una persona ensombrecida por actos de corrupción?  El país conoce su inacción ante vagones desaparecidos y aparecidos.  También conoce su silencio ante el escándalo del chat y como “actuó”, no por fidelidad a la ley sino porque el clamor público se lo impuso. 

El segundo problema es filosófico.  Según el Tribunal, Pierluisi no tenía legitimidad al no cumplir con el aval de la Asamblea Legislativa.  Tal planteamiento carece de certeza y precisión.  Pierluisi fue ratificado por la Cámara de Representantes.  Y en la tradición política y jurídica norteamericana, la que impera e informa al tribunal local, este cuerpo tiene más representatividad democrática que el Senado. Este último organismo se vio como un segundo filtro, más exclusivo, para purificar los remanentes irracionales que pudieran manifestarse en la Cámara.  Por eso, el Senado federal era elegido por las legislaturas estatales y no por voto popular. 

Aunque la Constitución colonial fue muy fiel en sus calcos de constituciones norteamericanas, el Senado local se elige por todos los votantes.  Pero su membresía es menor:  27 senadores frente a 51 representantes.

De modo que vale preguntar si una ratificación por el cuerpo más representativo de la Asamblea Legislativa constituye la anulación de la democracia a menos que el Senado la avale. Después de todo, hay una gran diferencia entre nulidad y carencia de completitud.  

Estas precisiones, tan importantes en la filosofía y en la jurisprudencia, se repliegan ante lo evidente:  El régimen sigue paralizado en la pequeñez de sus visiones.  “El sistema funcionó.”  “Pregúntenle a Wanda si es PNP y si es estadista”.


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