Marie Carmen Muntaner

Punto de Vista

Por Marie Carmen Muntaner
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Gran desafío de los proveedores de salud

Las instalaciones hospitalarias y los profesionales de la salud se enfrentan a un desafío único e incomparable a cualquier otro en nuestra historia moderna. La Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-036 emitida por la gobernadora el 21 de abril de 2020 debe ser convertida en ley, en un sano ejercicio de justicia por la Asamblea Legislativa, para subsanar cualquier controversia sobre su validez y así evitar que se añada más desasosiego a nuestra ya abatida clase médica y hospitalaria. 

Desde marzo de 2020 al presente, las guías de manejo clínico, las guías de protección a empleados y otras han sufrido innumerables cambios en medio de esta crisis y en un espacio de tiempo ínfimo. De igual manera, las disciplinas médicas y los llamados a delinear guías de cuidado no han estado de acuerdo del todo en la manera y forma adecuada de manejar este terrible virus. La amenaza de que el contagio de COVID 19 es un riesgo continuo hasta que no haya una vacuna aprobada, provoca escenarios nuevos y hasta conflictivos. 

De igual manera y distinto a otras industrias, la respuesta a la emergencia por parte del gobierno requiere que los hospitales privados continúen prestando servicios como el brazo del Estado para la implantación de los planes de emergencia del gobierno. 

El país ha sido testigo de cómo a isla y fuera de esta se han discutido opiniones y recomendaciones distintas sobre métodos y procedimientos para atender toda la gama de situaciones que nos ha provocado esta pandemia. Estas situaciones no se limitan solo a los pacientes positivos. También existe un sin número de pacientes con condiciones crónicas que permanecen en sus hogares por estar temerosos de salir a un hospital u oficina médica, por riesgo a contagio y no buscan atención médica a sus condiciones de salud, y cuyo efecto será que el cuidado apropiado bajo esas circunstancias sea un reto. 

¿Sería justo que los médicos, facilidades de salud, enfermeros y enfermeras, los técnicos, y otros, que no tienen control alguno sobre estas órdenes, sobre la cantidad de pruebas, sobre los equipos, y sobre la pandemia, tengan también que lidiar con la amenaza de demandas? 

Amerita que se apoye a los proveedores de servicios de la salud, quienes posterior a la Reforma de Salud de 1993, quedaron a cargo de la función de proveer los servicios de salud del país. Este sector, con todos los componentes indispensables que lo rodean (médicos, enfermero(a)s y otros profesionales de la salud) trabajan incansablemente para ser el brazo gubernamental que maneje el plan de emergencia diseñado por el gobierno de Puerto Rico. 

Son estos profesionales de la salud y las instalaciones donde laboran, los que están en las primeras líneas de respuesta de la pandemia COVID-19, proveyendo estos servicios y poniendo en riesgo lo más preciado que se tiene, que es la vida. 

Los hospitales, médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud han cumplido con su deber para tratar a los enfermos, estar disponibles y abiertos, ser el brazo del estado en la coordinación de la pandemia y brindar consuelo a la tan afligida población. 

Asamblea Legislativa, es su momento de atender este asunto de forma justa y en beneficio de los que arriesgan su vida por nosotros, sin menoscabar el derecho constitucional de los pacientes a reclamar agravios, en las circunstancias no relacionadas a esta emergencia de COVID-19, y ser compensados justamente en los casos donde medien actos intencionales o criminales. Ambos intereses son armonizables. 

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