Mayra Montero

Antes que llegue el lunes

Por Mayra Montero
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Guerrilla en la loma

El pasado jueves, a la una de la madrugada, que es la hora en que suelo leer los diarios “de mañana”, me sumí en la lectura de los lineamientos del nuevo Plan Fiscal que Rosselló había presentado aquella misma noche ante la Junta.

Utilizo ese verbo, sumir, no por un ataque súbito de cursilería, sino porque literalmente me sofocó una nube de irrealidad.

Como se ha venido comentando luego, casi todo el Plan se ha levantado en torno a una inyección de fondos que estaría proveyendo FEMA, y que ascendería a $32,000 millones. Mi primera pregunta: ¿ya FEMA sabe que va a dar ese dinero?

Todo hace pensar que sí, puesto que sería una auténtica locura oficializar un proyecto de país, atenidos a una ayuda que no es segura, o que podría ser menor, o que estaría amarrada a los vaivenes del Gobierno de los EE. UU., e incluso a los desastres que puedan ocurrir allá, y para los cuales FEMA también tendría que desembolsar millones.

Solo en este año, el territorio estadounidense continental ha sufrido una cadena de desastres que incluye huracanes, incendios, inundaciones y hasta letales deslizamientos de tierra. Las ayudas de FEMA contempladas en nuestro Plan Fiscal como “cojín” —qué digo cojín, inconmensurable almohadón—se extenderían por cinco años. En cinco años, a nivel de calentamiento global, pueden surgir otras necesidades. No es para nada baladí que todos nos preguntemos si lo de FEMA es una expectativa segura.

Más razonable parece la entrada de dinero que se espera de las compañías aseguradoras, contando, de nuevo, con que todas honren los compromisos que contrajeron con sus clientes. Ahí entrarían otros $22,000 millones.

Ahora bien. La principal protagonista de este drama, que habla poco, pronto va a tener que dar su parecer.

Puerto Rico, en su momento, se acogió a la protección del Tribunal Federal de Quiebras, a fin de que los acreedores no nos acribillaran a demandas. Me refiero a demandas generadas desde los Estados Unidos, que habrían tenido como blanco inmediato los recursos y las cuentas del Gobierno. Como he dicho anteriormente, ningún banco en la Isla, regulado por las instituciones federales (que también garantizan los depósitos), se atreve a desobedecer una orden de un tribunal federal.

De no habernos declarado en bancarrota, y entrado por el aro del proceso, nos hubieran comido vivos los llamados “buitres”, y esa es la razón por la cual la jueza Laura Taylor Swain tiene la última palabra.

Es la mujer que puede decidir, por ejemplo, que es inadmisible que a los bonistas no se les pague un centavo en los próximos cinco años. Y está en posición de ordenar, tanto al Gobierno de Puerto Rico como a la Junta de Control Fiscal, que se hagan los ajustes necesarios para que los bonistas reciban aunque sea un porcentaje mínimo.

Ese es el drama en el que Rosselló no ha querido meterse.

Por eso dejó fuera a los bonistas. Porque delega en la Junta y en la jueza Taylor Swain, la ingrata labor de definir los recortes adicionales que se harán, a fin de que los acreedores puedan recibir un chequecito de vez en cuando. Sabe el gobernador que el “nada” para los bonistas no es una opción. Así funcionan todos los procesos de quiebra.

En la conferencia de prensa celebrada la tarde del pasado miércoles, el Gobernador, además, comparó la tasa de participación laboral de Puerto Rico con la de Botsuana. Bueno, en Botsuana tienen demasiados diamantes, y demasiados safaris. Hay sujetos que trabajan seis meses en la industria de la minería, y se hacen con capital suficiente para tirar sin trabajar un par de años, o muchos más. Lo mismo al organizar safaris. Salen dos veces, llevando idiotas que quieren matar jirafas, y luego pasan el año descansando en la hamaca.

Es por eso —y por la terrible incidencia de VIH— que la participación laboral en Botsuana es bajísima. Aquí también, solo que no tenemos diamantes ni safaris. En la Isla hay mucha gente que se decanta por la economía informal, y son trabajadores que no se organizan, ni les interesa organizarse.

Por lo tanto, y esto es una apreciación que deberían asumir ciertos “pensadores” anclados en su limbo antiguo, aquí no hay clase obrera al estilo de otras sociedades, que tienen muchas fábricas o industrias de todo tipo. No existe eso. No hay grandes movilizaciones porque no hay una masa trabajadora robusta y multitudinaria.

El problema de la baja participación laboral, en verdad “crónico y severo” como dice Rosselló, es también un poderoso componente político.

En el pasado se han hecho esfuerzos, se han dado numerosos incentivos para que hombres y mujeres ingresen a la fuerza laboral formal, sin perder las ayudas o subsidios que reciben. No ha habido resultados. Este huracán lo demostró con creces. Hay un ejército de “handyman” en la calle. No dan abasto. Uno les llora y ellos contestan que lo más rápido que pueden empezar es en dos o tres semanas.

A la hora de celebrar una marcha, una movilización de lo que sea, ellos no participan. No tienen por qué. Están desvinculados de los sindicatos, de los que además recelan, y no se reconocen como parte de un colectivo laboral concreto.

Eso por no hablar de los que se ganan la vida en una actividad, digamos, un poquito más gris, que son muchísimos (ellos y sus familiares), y que por naturaleza se oponen a los cambios. Los narcotraficantes y sus empleados son conservadores. En ocasiones, reaccionarios a ultranza.

Es un matiz que no acaban de entender ciertos políticos que intentan calcar en la Isla el modelo de las grandes sociedades obreras. Los ciega la pasión.

Para terminar, no me extraña que en reacción al Plan Fiscal, la fusión de agencias públicas y otros asuntos que lo irritan, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, volviera a revirarse esta semana contra la autoridad del Gobernador y de la Junta.

Velen a ese hombre, que en cualquier momento se nos alza.

Es lo que nos faltaba, una guerrilla en la loma.

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