Hiram Sánchez Martínez

Tribuna Invitada

Por Hiram Sánchez Martínez
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Hachazo ideológico a las cortes

Conforme fue escrita nuestra Constitución, el Tribunal Supremo de Puerto Rico debe promulgar la reglamentación necesaria para que los tribunales funcionen y la jueza presidenta debe dirigirlos conforme a esa reglamentación.

Ella es la principal funcionaria ejecutiva de los tribunales. Como se ve es un asunto sencillo: el Supremo reglamenta y la jueza presidenta ejecuta. O al menos eso creíamos, hasta que la mayoría legislativa decidió que el pleno del Tribunal Supremo (sus nueve jueces) debía simultáneamente reglamentar y ejecutar.

Naturalmente, el P. del S. 775 no sería hoy objeto de discusión pública de no ser porque la jueza presidenta fue nombrada por un gobernador popular y la mayoría parlamentaria, que es del partido contrario, no puede “bregar” con eso. Es realmente lamentable que así sea.

Ahora, con el P. del S. 775, sería el Tribunal Supremo y no su jueza presidenta quien asigne a los jueces a las salas dónde habrán de trabajar, al tipo de caso que podrán ver, y a las salas especializadas ya establecidas o que se establezcan. Y esta prerrogativa de asignación de trabajo es eminentemente ejecutiva, es decir, administrativa; no es de reglamentación.

Así ha sido desde 1952, cuando aprobamos nuestra Constitución. El informe del presidente de la Comisión sobre el Poder Judicial en la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, Ernesto Ramos Antonini, es claro en este sentido, y expresamente da el ejemplo de la asignación de los jueces como un acto puro de administración de los tribunales. Lo curioso es que la propia exposición de motivos del P. del S. 775 así lo cita, para luego legislar en sentido contrario.

Aclaro, sin embargo, que distinto a lo que sostienen algunos, no todas las enmiendas a la Ley de la Judicatura que incorpora el proyecto de ley son inconstitucionales. Por ejemplo, la reinstalación del recurso de certificación intrajurisdiccional para casos de gran interés público, que se sabe que tarde o temprano habrán de llegar al Tribunal Supremo, que impliquen alguna cuestión constitucional sustancial, es una medida pragmática. Permitiría que el Tribunal Supremo “le quite” el caso al Tribunal de Primera Instancia o al Tribunal de Apelaciones, para acelerar la decisión del caso. Y cuando fuese necesario un récord probatorio para poder decidir, entonces el alto foro podría designar un comisionado especial, quien podría ser una o un juez superior para que lo compile. Hay otras disposiciones que tampoco son inconstitucionales, pues pertenecen al área de política pública aplicable al poder judicial, que le corresponde establecer al Tribunal Supremo.

Por otro lado, es lamentable que no se hayan celebrado vistas públicas en las que los diversos sectores comunitarios con interés, entre estos, las escuelas de Derecho, la Asociación y el Colegio de Abogados y la comunidad, en general, hubiesen podido expresar sus preocupaciones y sugerenciasen torno al proyecto. No hacer vistas públicas puede ser un acto de sagacidad política, pero no un buen ejemplo de que nuestras instituciones están por encima de las pequeñeces de los seres humanos. Porque cuando no hay vistas públicas el mensaje es claro: “Hacemos las cosas porque sí, porque tenemos los votos; porque lo que los demás opinen, nos resbala”. Y este no es el mejor ejemplo de civismo en una sociedad que dice ser madura; en una sociedad que alega haber aprendido sus usos democráticos de nuestra actual metrópoli.

Los tribunales no deberían ser balón político de nadie, de ninguna de nuestras tribus, porque con tales remeneos se lesiona gravemente a una de las instituciones de mayor importancia y necesidad para la paz social. Los principios de rectitud e imparcialidad que deben ser eje central para la existencia del poder judicial, que es uno de los tres poderes constitucionales de gobierno, se tambalean cada vez que el partido en el poder -sea rojo o azul- le asesta un hachazo ideológico. Y eso está mal, muy mal.

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