Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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¿Hacia dónde va el Plan Fiscal?

Ala luz de la devastación causada por el ciclón María, y ante la posibilidad de que se pueda contar con una inyección sustancial de fondos federales para la reconstrucción, está claro que en la nueva realidad es necesario ampliar el enfoque del proyecto definido por la Ley Promesa.

Al proyecto de consolidación fiscal y renegociación de la deuda, que eran los objetivos primarios originales de Promesa, hay que añadir un programa de reconstrucción y estímulo económico.

Luego del huracán, algunos economistas le recomendamos a la Junta de Supervisión Fiscal que hiciera una demarcación clara entre la cuenta corriente del gobierno —la que tiene que ver con la operación cotidiana de la administración pública—, y la cuenta de capital, que es la relacionada con la inversión en infraestructura y otras obras públicas. El ajuste fiscal, con su componente de austeridad y efectos negativos en la actividad económica, corresponde a la cuenta corriente. En la cuenta de capital, por el contrario, no debe haber austeridad, sino todo lo contrario. Los fondos federales para la reconstrucción hay que aprovecharlos para un programa intensivo de inversión que permita robustecer la infraestructura y a la misma vez estimular la demanda agregada, provocando de ese modo el crecimiento que no hemos visto en más de 12 años.

Esta opción no existía antes del huracán. Sería un grave error desaprovecharla luego de haber sufrido la tragedia que todavía no hemos superado del todo.

La primera versión del plan fiscal post María apuntaba en la dirección descrita. En ese sentido, nos parece un acierto de la administración Rosselló. Es alentador, además, que la Junta no rechazó el enfoque general del plan, aunque puso peros a muchos detalles y exigió, como le corresponde hacerlo, mayor claridad y precisión en los supuestos y proyecciones del gobierno.

Ahora tenemos la versión revisada del plan post María, y nos encontramos con supuestos y proyecciones más optimistas que en la primera versión. Hay el riesgo de moverse demasiado en una dirección—la de la reconstrucción y el estímulo fiscal—y descuidar la otra—la de estabilizar el presupuesto, corregir los vicios fiscales de la administración pública y ejecutar reformas estructurales para mejorar la competitividad de la economía. Nada es tan efectivo como una proyección optimista para debilitar la voluntad de tomar medidas difíciles.

La viabilidad de este plan depende del supuesto crucial de que tendremos más de 8 mil millones de dólares de fondos federales al año, en promedio, para invertir en la reconstrucción durante los próximos seis años. Es razonable esperar que habrá una inyección sustancial de dinero federal, pero hay que ser cautelosos ante la posibilidad de que sea menos de lo que el gobierno proyecta y/o que no fluya con la rapidez que suponen los autores del plan.

Muchos colegas han cuestionado las proyecciones de crecimiento del plan. En realidad, si se materializa la inversión prevista en el documento es perfectamente factible que la economía registre un crecimiento notable en los próximos seis años.

Un asunto más preocupante es cuál va a ser el fundamento del crecimiento sostenido una vez se agoten los fondos federales para la reconstrucción. El puente de transición hacia el crecimiento sostenido a partir del año fiscal 2023 no está previsto en el plan. La idea es que las reformas estructurales impulsarán el crecimiento a partir del séptimo año, pero las reformas sirven para abonar el terreno (y, de hecho, son indispensables para fortalecer la economía) y no garantizan por sí solas lograr una economía dinámica.

Es necesario definir un plan estratégico de desarrollo económico que identifique las industrias y actividades específicas que sustentarán una nueva economía en la próxima década. En particular, hay que definir estrategias para el turismo, la manufactura, la agricultura y los servicios para un contexto que será muy diferente al de las décadas pasadas. Ese plan de desarrollo no puede ser un producto unilateral de la Junta o del gobierno; el diseño, la titularidad y la gestión tienen que ser del país en el sentido más amplio posible.

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