Antonio Quiñones Calderón

Punto de vista

Por Antonio Quiñones Calderón
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Hacia un real nuevo Puerto Rico

La aspiración colectiva que trascendió durante y después del reclamo legítimo exigiendo al gobernador Ricardo Rosselló la reparación de agravios y su dimisión, se centró en la construcción de un “nuevo Puerto Rico”. Coincido plenamente con el reclamo, pero es de rigor una enmienda por adición: necesitamos un “real” nuevo Puerto Rico, con el que se sientan comprometidos todos los actores de nuestra sociedad: los que encarnan papeles en el sector del gobierno, sí, pero también quienes los encarnan en sus vidas y actitudes personales, que no están exentos de los pecados en la política y el gobierno.

De ordinario, y por los efectos del despliegue –justificado, claro está– de las acusaciones contra funcionarios del gobierno, muchos piensan que la “corrupción” es autónoma del sector público, centrada en el robo de dinero y propiedad del pueblo de Puerto Rico. Desgraciadamente, ante el constante desfile de episodios de corrupción gubernamental –desde tiempos inmemoriales, que no es asunto de este o el otro gobierno, sino de todos– y la escasa divulgación del flagelo de la corrupción que se da en el acontecer privado, muchos parecen estar reconciliados con la existencia de esa descomposición social y moral en el acontecer privado. Para lograr la aspiración de un real nuevo Puerto Rico, la profilaxis que demanda nuestra sociedad tiene que impregnar todo el andamiaje político y social de nuestro pueblo.

Como cayó el gobernador, tienen que caer también, entre otros, el comerciante que cobra el IVU y se lo embolsica, robando al cliente e impidiendo recursos adicionales al gobierno para realizar obras y servicios; los más de 300,000 consumidores que trampean los equipos de medición de su consumo de agua y electricidad para defraudar las arcas públicas; los que roban la señal del cable al vecino; los que evaden su responsabilidad contributiva escondiendo en la casa el dinero obtenido en negocios lícitos cuyos ingresos deciden no informar en sus planillas; los comerciantes inescrupulosos que, por unos centavos, participan en el despacho prohibido de licor y cigarrillos a los tarjetahabientes del programa del PAN; los contratistas cómplices, incluso a veces incitadores –casi nunca procesados– de fraudes en subastas públicas y privadas y en el otorgamiento de contratos ilegales; los muy vocales criticones del “mal gobierno que tenemos”, pero no hacen nunca la aportación ciudadana puntual de acudir a elegir las mujeres y hombres que, en su parecer, harían “un buen gobierno”; los que mienten sobre sus ingresos y demás requisitos al solicitar ayudas sociales que no necesitan, impidiendo que las reciban quienes realmente las merecen; los profesionales que exigen el pago en efectivo por sus servicios para esconder sus ingresos al gobierno y así amasar una fortuna producto en gran parte de su comportamiento delincuencial. ¿Cuántos de ellos marcharon en los pasados días?

Sólo cuando todos nosajustemos a los estándares de una sociedad honesta y conciliada con lo ético y lo moral, estaremos en posición legítima de exigir de nuestros gobernantes un comportamiento a la altura del propio nuestro. Sólo así podremos alcanzar el real nuevo Puerto Rico que merecemos.

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