Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Hay cosas que no cambian nunca

El representante Jorge Navarro Suárez no inventó la rueda. Solo la recicló. La historia de El Nuevo Día sobre los contratos a familiares de políticos y amigos otorgados por Navarro Suárez traen reminiscencias de tiempos idos pero no olvidados, en los que su padre, el fenecido exrepresentante Jorge Navarro Alicea, fue el detonante de otra investigación periodística.

En los primeros años de la década del ochenta del siglo pasado, en la Legislatura proliferaban los contratos de familiares y amigos de los legisladores. El nepotismo era rampante.

Esta columnista, que cubría la Legislatura para la agencia de noticias United Press International (UPI), decidió ir al fondo de la cuestión cuando Navarro Alicea les bajó el sueldo a los empleados de su oficina, pero se lo subió a su esposa, Nitza Suárez, que trabajaba con él.

La petición de información detallada a la oficina de Navarro Alicea causó la indignación del legislador, pero además, aunque pareciera imposible, provocó la ira del entonces presidente cameral, Severo Colberg, que pertenecía al Partido Popular Democrático, opositor del Partido Nuevo Progresista, en el que militaba Navarro Alicea.

Aquella historia sobre Navarro Alicea creció hasta convertirse en lo que se conoció como “el escándalo de las nóminas”, una investigación periodística en la que participaron prácticamente todos los medios de prensa de aquella época, incluido este diario, y que destapó la proliferación de contratos de familiares, amigos y correligionarios que mantenían legisladores de uno y otro partido.

De esa página de la historia del país surgió la ley que prohíbe el nepotismo en la Legislatura, una medida que hoy día se burla mediante el subterfugio de intercambiar parientes y dolientes entre los legisladores.

Ese es el caso de Navarro Suárez, que otorga contratos a la esposa de un alcalde y a familiares de otros. Técnicamente no viola la ley de nepotismo, pero sí su espíritu.

El abuso de la contratación de amigos y familiares en la Legislatura es un mal antiguo que no se acaba porque a los legisladores, los de ahora, los de ayer y los de cuatrienios anteriores, les sirve para perpetuarse en sus escaños o, por lo menos, para asegurarse de que recibirán el mismo trato si pierden o no se postulan.

Es el caso también del exrepresentante Edwin Mundo Ríos, como publicó el martes este diario. 

Desde su salida de la Legislatura a principios de este siglo, Mundo Ríos mantiene un próspero negocio de consultoría política, paralelo al de su esposa, Betsy Rivera, aparte de tener— según su propia admisión— clientes privados cuyos nombres no revela, aunque dice que no atiende asuntos legislativos con este grupo.

Mundo Ríos contrata con varios representantes del PNP, entre ellos el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, a quien incluso asesora en el desarrollo de las sesiones.

En el verano del 19, los ciudadanos protestaron contra la corrupción y la incompetencia gubernamental, pero se concentraron en sacar de La Fortaleza a Ricardo Rosselló Nevares y lo consiguieron.

Los legisladores, incluyendo a Navarro Suárez, deberían comenzar a distanciarse de las malas mañas de siempre y preocuparse desde ahora por lo que pueda traer el otoño del 20.

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