Zoé Laboy Alvarado

Tribuna Invitada

Por Zoé Laboy Alvarado
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Hay mucho que analizar sobre la Ley 80

La posible derogación de la Ley 80 ha ocupado la discusión pública en Puerto Rico y no es para menos.

Por un lado, representa una garantía para que los trabajadores y puedan ser remunerados en caso de un despido injustificado por el patrono.

Por el otro lado, su eliminación parece ser la única carta del gobernador para negociar con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) otros derechos adquiridos por las y los trabajadores, como el bono de navidad, los días de enfermedad y vacaciones y fondos para los municipios. 

Injustamente, algunas personas insisten en saber de inmediato cuál será la posición de esta servidora y compañeras y compañeros de la Legislatura.  Exigen que digamos de qué lado estamos. 

Para mí, la respuesta es clara.  Soy Estadista y PNP, pero me debo a  Puerto Rico. 

Este tema es muy sensitivo como para tomarse a la ligera. Los y las que me conocen saben que tomo decisiones luego de evaluar la información disponible. Por eso, invito a todas y todos los interesados a analizar con profundidad los pro y los contra de la propuesta.

En vistas públicas referentes a la Reforma Laboral, expertos y expertas han señalado que la derogación de la Ley 80 es mala para la isla y han recomendado alternativas para que, de darse la derogación, el impacto no sea tan adverso. 

En mi práctica privada atendí varios casos de Ley 80 representando a personas despedidas de sus empleos. La ley 80, en la práctica, además de representar una protección en los tribunales para la persona despedida, en muchas ocasiones mueve a esta, así como al empleador a evitar llegar al tribunal acordando  la solución a base de lo establecido en esta ley. Esto reduce significativamente los costos y el tiempo que conllevaría a ambas partes resolver la situación en un tribunal.

Para el empleador, el beneficio, es que la cantidad de dinero tiene un tope y está predeterminada. Para la persona cesanteada, el beneficio es que obtiene una cantidad de dinero para enfrentar el desempleo y poder sostenerse por un tiempo mientras consigue un empleo o emprende un negocio.

Si se deroga la Ley 80, las personas tienen otras leyes que les permiten demandar cuando entienden que sus despidos han sido por razones prohibidas, como género o raza, entre otras. Sin embargo, en la práctica, por el tiempo y gastos que representan los casos en los tribunales, muchas personas despedidas pudieran optar por no demandar. El resultado sería que el empleador que haya despedido por razones prohibidas no tendrá que enfrentar consecuencias. 

No obstante, dicho por el gobernador y la JSF, de no derogarse la Ley 80, el acuerdo queda sin efecto y para tratar de que no perdamos todo lo descrito, la única alternativa sería radicar bajo el caso de quiebra para que la jueza Laura Taylor Swain decida. La incertidumbre se mantendría por todo el tiempo que tome dilucidar el asunto en el tribunal y el resultado pudiera ser más difícil para Puerto Rico, en comparación al acuerdo logrado por el gobernador.

Me pregunto, ¿será una opción derogar la ley 80 pero al unísono aprobar una ley que de alguna forma atienda las necesidades de ambas partes impactadas?

Invito a que esperemos a leer el proyecto, escuchar a las voces expertas y tomar una determinación informada.  Puerto Rico no espera, ni merece menos.


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