Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Hay que castigar el delito

Nadie menciona ya al exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, el funcionario que prendió la llama que provocó el gran incendio que puso fin abrupto a la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares.

No se habla de Maldonado, ni de su hijo Rauli, como se hacía llamar en las redes cuando destapó el vergonzoso chat de Telegram que protagonizaban Rosselló Nevares y una decena de amigos que eran funcionarios o contratistas del gobierno.

Nada se dice públicamente, pero se sabe, o al menos se sospecha, que los federales trabajan sobre las declaraciones públicas, el testimonio bajo juramento y los documentos que hayan ido surgiendo como evidencia de la corrupción que denunciaron Maldonado y su hijo.

Fue un verano candente, no solo por las altas temperaturas sino también por las protestas que se generaron tras los arrestos federales por corrupción de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y la exdirectora de ASES, Ángela Ávila, así como por las denuncias de los Maldonado y la revelación del chat de Telegram.

Tras los arrestos y las renuncias forzadas de Rosselló y sus amigos del chat, vino la efímera gobernación de Pedro Pierluisi y la resolución unánime del Tribunal Supremo que lo desbancó y sentó en la Fortaleza a la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, a quien correspondía la sucesión.

El pataleo de Thomas Rivera Schatz y su poco creíble alianza con Jenniffer González para quitarle la gobernación a Vázquez no prosperó porque ambos se dieron cuenta de que no les convenía provocar más a los cientos de miles de ciudadanos que ya conocían el poder alcanzado en las protestas multitudinarias.

Entonces se hizo el silencio. Se acallaron las protestas y Vázquez ha ido acostumbrándose a su nuevo cargo, tanteando con precaución la nueva situación y manteniendo casi sin cambios la administración de Rosselló Nevares.

Todos —Vázquez, Rivera Schatz, González y, sobre todo, el pueblo— esperan por la próxima movida de los federales, la que se relaciona con las consecuencias de los actos cometidos.

Keleher y Ávila están más cerca de pagar esas consecuencias, pero los delitos que surgen del chat de Telegram están aún pendientes, como muchos otros, entre ellos los que puedan surgir de la “mafia institucional” de Hacienda que denunció Maldonado.

Los del chat están en la mirilla federal y estatal, pero en Hacienda no se ha hecho nada. El nuevo secretario de la agencia, Francisco Parés, se lavó las manos y ahora dice que no le corresponde a él investigar.

Si poco parece haber cambiado en la composición del gobierno, menos se han modificado las actitudes de muchos funcionarios que siguen haciéndose de la vista larga y no quieren enterarse de que el país no es el mismo.

Las protestas del verano de 2019 buscaban provocar cambios y exigirles cuentas a quienes han traicionado la confianza ciudadana, para que paguen por sus delitos. Todo crimen debe tener consecuencias. La tarea está a medio camino.

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