Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Hay que decir la verdad sobre la crisis

Puerto Rico sigue viviendo una crisis fiscal sin precedente, pero el gobierno, cuya precariedad confirma a diario la desastrosa situación de la economía, insiste en presentarle al país una visión ficticia de la realidad.

El alza en el empleo y la baja en el desempleo dados a conocer en días pasados por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos son, probablemente, el mejor ejemplo reciente de la manipulación de datos, uno de los ejercicios preferidos de todas las administraciones de gobierno para esconder el desastre.

Dicen que los números no mienten, pero no es cierto. Se manipulan y, al que no quiere jugar el juego lo descabezan, como le acaba de ocurrir al prestigioso Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Un ente independiente (hasta donde cabe la independencia dentro del gobierno) que ahora será presidido por la misma funcionaria que preside la Junta de Planificación.

Quienes reportamos durante muchos años los informes de la Junta de Planificación, recordamos cuán serios y certeros solían ser y cómo retrataban con pasmosa fidelidad la situación fiscal y económica del País. Esto debe sonarle a ciencia-ficción a los periodistas más jóvenes, quienes en muchos casos tienen que acudir a los tribunales para obligar a las entidades fiscales del gobierno a entregar documentos públicos.

El maquillaje de cifras no es invención de la actual administración. Si los gobiernos de los últimos 20 o 30 años hubieran honrado la confianza de los electores, Puerto Rico no estaría en quiebra, ni proponiendo en corte dramáticos recortes al pago de la deuda pública de más de $70,000 millones, sin contar el desastre de los sistemas de retiro. Tampoco sería gobernada ahora por una Junta de Supervisión Fiscal.

La Junta manda, que no le quepa a nadie la menor duda. Manda por delegación del Congreso, bajo cuyos poderes plenarios ha estado y está Puerto Rico, antes y durante la fórmula de gobierno denominada Estado Libre Asociado. Basta echarle una mirada a las sentencias más recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos relacionadas con controversias legales puertorriqueñas.

Ya hemos conocido varias actuaciones de la Junta que reflejan su autoridad. Ahí están el Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que tuvo que rehacerse para que el organismo federal lo certificara, y el presupuesto del año fiscal vigente, que fue modificado por la Junta, por encima del gobernador y de la Legislatura. Y está también el veto forzado a una medida de justicia para el retiro de policías.

Pero, el discurso triunfalista del gobierno continúa siendo la orden del día, mientras el recogido de basura se privatiza, la luz y el agua suben disfrazadamente, la reforma de salud se achica discretamente, y los servicios médicos a los mayores disminuyen. La insensibilidad manifiesta de la mentira diaria se erige como una gran muralla que dificulta que los ciudadanos de a pié, que sufren a diario los efectos de la crisis, comprendan a cabalidad su magnitud.

Tal vez lo que se avecina sea ese golpe de realidad que necesitamos. La reducción del 20% de la jornada laboral en el gobierno y la eliminación del bono de Navidad que la Junta sopesa, una medida que va a tener un terrible efecto dominó sobre la economía, debería devolvernos a la realidad.

El gobierno, lamentablemente, continúa en negación.

El presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Christian Sobrino, nuevo representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, dijo esta semana que la reducción de jornada no procede porque el dinero para cubrir la nómina (y el bono de Navidad) está presupuestado.

Como si presupuestáramos comprar la luna.

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