José Nicolás Medina  Fuentes

Punto de vista

Por José Nicolás Medina Fuentes
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Hay que exigirle a la metrópolis la cancelación de la deuda

En estos días distinguidas personalidades han propuesto una campaña para la cancelación de la deuda pública territorial. Desde el ámbito puertorriqueño lo ha dicho la distinguida congresista Alexandria Ocasio Cortez. El papa Francisco ha proclamado el antiguo jubileo para la cancelación de las deudas de países soberanos.  Lo han dicho como consigna sin ulterior explicación de las tesis y teorías que sustentan sus posturas.

Una campaña debe resumir un propósito estudiado bien a fondo y con la mayor precisión. Luego de la consigna debe venir la explicación, las tesis, las verdades empíricas en las que se sustenta. 

Hay algunos que hablan de condonación de la deuda como forma de cancelación. Esa es la posición del papa Francisco. Esta postura se genera en filantropía desinteresada, en dádiva proveniente del poderoso. Se origina en el antiguo jubileo hebreo hace dos mil años, que tenía lugar cada 50 años, durante el cual se cancelaban las deudas a los deudores como forma de unidad y armonía del pueblo judío. 

Nuestro Código Civil define las formas en que se cancelan o pagan las obligaciones: mediante el pago por el deudor o un tercero; por la condonación o perdón del acreedor; por la prescripción o extinción del derecho debido a la negligencia o abandono del acreedor; o por compensación cuando deudor y acreedor tienen acreencias equivalentes y se cancelan entre sí.

Vemos entonces que en el caso de la deuda pública territorial puertorriqueña la teoría de la condonación depende de la exclusiva voluntad y misericordia de los acreedores. ¿Desde cuándo a los usureros los mueve la piedad? Si primero entra un camello por el ojo de una aguja que un usurero al reino de los cielos. El predicamento de condonación por los acreedores en la situación puertorriqueña es un cuento fantasioso, de Alicia en el país de las maravillas, es entretenimiento, puro diversionismo o confusión ideológica hacia el pueblo.

En cuanto al pago de la deuda por el pueblo, pues resbalamos en el mismo precipicio, porque se trata de una deuda odiosa colonial impagable por el pueblo. Impagable por el pueblo, porque como hemos indicado en nuestro libro y diversos ensayos, lo dispone el derecho obligatorio entre las naciones: las deudas coloniales son odiosas y responde la metrópolis a los acreedores. De esa manera diáfana está consignado en el Tratado de Viena de 1983, en proceso de aprobación- que dispone que el nuevo estado independiente de la nación antes colonizada no responde a los acreedores por las deudas públicas generadas en una relación colonial-; así se dispuso en el curso de las negociaciones conducentes al otorgamiento del Tratado de París de 1898, cuando Estados Unidos forzó a España como condición material bilateral a pagarle a los acreedores la deuda pública colonial cubana, y por tanto es parte del derecho obligatorio anglosajón; así lo reconoce la Revista Jurídica de Harvard del 10 de abril del 2017. En resumen, en una deuda pública colonial la relación de crédito es acreedores-metrópolis deudora. La nación colonizada no es responsable ni en moral ni en derecho por deudas odiosas coloniales generadas como fruto de la explotación del enclave colonial. 

Algunos reclaman la cancelación de la deuda por ser insostenible, porque no se puede pagar ya que se afectan los derechos humanos y servicios esenciales de la población. Esta postura parte de la premisa de que la deuda colonial es legítima, que la nación colonizada la adeuda, pero que por imperativo de las circunstancias cambiantes -un huracán, terremotos o una pandemia- la población colonizada no la puede pagar. Concuerda con el derecho de liquidación y descargue de los procesos de quiebra: para el deudor que tiene deudas legítimas, pero no puede pagarlas, la quiebra establece un segundo respiro mediante el proceso de liquidación de las deudas, en el que se acumulan todos los activos y se le paga a los acreedores hasta donde alcancen. 

Pero en la situación de Puerto Rico, según el caso de la Corte Suprema Federal de Franklyn (2016), no hay derecho al proceso de quiebras en el ordenamiento local territorial ni federal. La ley Promesa (2016), impuesta sin el consentimiento de los puertorriqueños, lo que estableció fue un proceso especial de reorganización y negociación de deuda para que la población del territorio le pague a los acreedores según estos acuerden con la Junta de Control y confirme la Juez Taylor Swain. La Juez Swain no tiene los poderes de un juez federal tradicional de quiebras para liquidar y descargar deudas. La Juez Swain solo tiene facultades para presidir procesos de mediación y negociación para reestructuración voluntaria que proteja los mejores intereses de los acreedores.  Entonces, bajo esas condiciones y premisas, una postura de cancelación de la deuda por ser insostenible termina en el terreno del ruego y la misericordia de los acreedores. Volvemos al terreno de la idílica condonación de la deuda pública. 

Una campaña para la cancelación de la deuda odiosa colonial no puede estar predicada en que por pura filantropía el gobierno federal como tercero inocente nos salve y le pague a los acreedores. El señor Donald Trump, los congresistas republicanos y la inmensa mayoría de los demócratas no llegan a la filantropía de Santa Claus. Lo más que parieron fue la ley Promesa, que recoge en síntesis los mejores intereses de los acreedores. A la metrópolis hay que exigirle la cancelación porque es la deudora real, según la doctrina de deuda odiosa y las normas de parte que controla a la población colonizada. Al perro que mete el rabo entre las patas nadie lo respeta, respetan al perro que ladra y muerde con razón.  

Así que bienvenida la campaña para presionar por la cancelación de la deuda pública. Pero la explicación a nuestra nación y al pueblo norteamericano y demás pueblos del mundo debe ser por las razones dispuestas en el derecho imperativo internacional y anglosajón y por la moral: las deudas públicas coloniales son deudas odiosas coloniales, de la única responsabilidad de la metrópolis controladora deudora.

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