Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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Hora cero para las reformas estructurales

El lunes pasado, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dejó saber al gobierno, en tres cartas dirigidas al gobernador, que los planes fiscales de la AEE, la AAA y del gobierno central no cumplían con los parámetros que exige la Ley Promesa de 2016. Según el organismo que supervisa las finanzas del gobierno, los documentos presentados por el gobierno carecen de los elementos necesarios para su aprobación.  

La JSF señalo en sus cartas que los planes fiscales no eran certificables, debido a varias a la falta de precisión en las proyecciones fiscales, la incertidumbre con respecto a los fondos federales que se recibirán, las dudas con respecto al manejo de la deuda pública y el pago de las pensiones, así como la ausencia de reformas estructurales. El organismo federal dio un plazo de siete días al gobierno para atender las fallas del plan.

Diversos economistas habíamos advertido las debilidades del Plan Fiscal y las dudas sobre la viabilidad del documento a ser aprobado por la JSF, precisamente por la carencia de los elementos fundamentales que requiere Promesa.   Específicamente, el Plan Fiscal 2, que es el nuevo documento que pidió la JSF a raíz de la nueva realidad de la isla luego del impacto del huracán María, no contiene las acciones necesarias para cuadrar los déficits estructurales, tampoco provee para el pago de la deuda y mucho menos provee acciones claras para estimular la economía en el corto plazo.

Las reformas estructurales planteadas no son suficientes para viabilizar los tres puntos anteriormente mencionados. 

La única reforma estructural que parecer alineada con lo necesita Puerto Rico es la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, medida ampliamente apoyada por el pueblo.

Dicho lo anterior, a 18 meses de la aprobación de Promesa, el tiempo para poner en acción los planes y reformas que necesita el país se ha acabado.  Luego de doce años en depresión económica, de la quiebra del gobierno, del impacto de “María” y de la clara voluntad del gobierno federal en no rescatarnos, no queda de otra que como dicen el refrán “morder la bala” (bite the bullet). 

El tiempo para jugar a la política con los temas fiscales y económicos se acabó hace mucho tiempo, y la crisis no deja otra opción que no sea implementar las profundas reformas estructurales, que exige no solo Promesa, sino el sentido común al ver a la isla colapsar sin remedio.  Pretender engañar, no solo a la JSF sino al propio país con promesas de cambios que no ocurrirán, sería condenar al país a una agonía lenta que se agudizaría en la medida en que se acabe de vaciar la isla, y se acaben los propios recursos fiscales. 

La timidez de no ejecutar políticas fiscales y económicas adecuadas tendrán el efecto de alargar la depresión que comenzó en 2006, y claramente pondrían el riesgola viabilidad social y económica de Puerto Rico.  Todavía hay una ruta sensata, que es enmendar los planes fiscales, maximizar los fondos federales para la reconstrucción, e implementar las reformas necesarias para que, entre 2018 y 2020, se sienten las bases de un proceso de recuperación sostenible.

En un mundo racional y sensato esa sería la elección correcta, pero se va a requerir un liderazgo histórico y único que luego de más de una década en depresión y de largo sufrimiento, aun no vemos en el horizonte.  

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