Alfredo Rivera Pizarro

Punto de vista

Por Alfredo Rivera Pizarro
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Importante el cumplimiento de los contratos de arrendamiento

Con la llegada del mes de abril, la extensión de la cuarentena y el toque de queda, son muchas las familias que han perdido fuentes de ingreso y que lamentablemente estarán así por las semanas que tarde este proceso salubrista, más el tiempo que tome la recuperación de la economía de Puerto Rico. Esto impedirá que muchas familias puedan cumplir con varias de sus obligaciones financieras, entre estas el pago del arrendamiento residencial.

Ya las instituciones financieras y otras empresas han otorgado moratorias y extensiones de pagos en varios productos y servicios. Aunque hay que reconocer que este proceso no es automático para todos los productos y hay instituciones que requieren que el cliente llame cada mes para evaluar nuevamente cada préstamo. Esto contradice en algunos casos la información publicada sobre los alivios económicos. No se puede negar que hay instituciones que solamente están otorgando 30 días de alivio, en vez de los 90 días previamente informados.

Los arrendadores tienen sus obligaciones económicas, como pagos de préstamos hipotecarios, seguros, contribuciones inmuebles y cuotas de mantenimiento y una gran parte de ellos pierden en esta ecuación, ya que tienen más gastos en unidad que ingresos. Prefieren perder mes a mes para que su crédito no se les afecte y evitar problemas legales.

Según las estadísticas del 2018 del Censo de los Estados Unidos, en Puerto Rico hay alrededor de 385,846 unidades residenciales arrendadas, o sea un 32.7% del universo de 1,553,061 unidades de vivienda y el promedio de pago mensual de arrendamiento está cerca de los $500.00 mensuales para el 53% de las unidades. 

La tendencia que se mantuvo por más de 15 años desde el año 2000 al 2016 donde 24 de 100 viviendas estaban arrendadas subió a casi un 33%, o sea 33 de cada 100 unidades en Puerto Rico están arrendadas.

Hay que mencionar que la tasa de desocupación subió de un 22% a un 24%, lo que representa 373,424 unidades desocupadas. Las unidades ocupadas representan un 76%, o sea, 1,179,637 viviendas. La única señal característica en este análisis es que el porciento de viviendas ocupadas por propietarios con deudas hipotecarias ha bajado. De un 40% de propiedades hipotecadas en la última década, en el 2018 bajó a un 38% y el otro 62% aproximado de las unidades está libre de gravamen hipotecario. El 71.5% de las unidades ocupadas por propietarios tiene un valor por debajo de los $150,000. De estas un 33.9% están por debajo de los $100,000 y un 8.8% por debajo de los $50,000.

En una situación imprevista como esta es importante el diálogo y la comunicación franca entre los arrendadores y arrendatarios. Aunque los bancos están ofreciendo alivios financieros en los préstamos hipotecarios, la realidad es que no le están condonando deudas a nadie. Tarde o temprano hay que cumplir con los pagos mensuales no realizados.

El arrendatario con problemas financieros debe llegar a un acuerdo de buena fe con su arrendador y cumplir con los contratos. Cada arrendador también debe analizar cada caso en sus méritos y colaborar en la medida que sea posible con sus inquilinos. Es importante que cada acuerdo de pago quede por escrito de manera electrónica, para que se evite el contacto social que estos tiempos requieren.

Afortunadamente, los arrendadores bajo el programa de Sección 8 no se deben ver afectados ante esta situación.

Ejercer presión, amenazas u otro tipo de intimidación no abona en nada a la relación contractual entre las partes. Es importante que prime la franqueza y la realidad financiera en cada caso y que se pueda llegar a un acuerdo de pago que satisfaga a las dos partes.

Es responsabilidad de cada arrendatario de cumplir con su relación contractual, aunque los contratos puedan estar vencidos. En esta cuarentena pueden vencer aproximadamente cerca del 20% de los contratos de arrendamientos residenciales activos.

Los análisis sobre las negociaciones entre los arrendadores y arrendatarios no se pueden comparar con los que se efectuaron luego de los dos huracanes de 2017 y los recientes sismos y terremotos en el área sur de la isla. Esta vez los afectos de la pandemia no han destruido viviendas ni representa ningún riesgo de seguridad para las familias en su hogar.

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