Kenneth Rivera Robles

Tribuna Invitada

Por Kenneth Rivera Robles
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Impuesto combativo

Pasamos tremendo susto por el paso del huracán Dorian y volvemos a sufrir las consecuencias de no tener suficientes abastos de inventario. Una de las causas principales de la escasa cuantía de inventarios se debe al impuesto sobre la propiedad mueble. Esto se advirtió desde los huracanes del 2017, se discutió el año pasado como parte de la propuesta de la reforma contributiva y en mayo de este año se mencionó nuevamente al comienzo de la temporada de huracanes.

Para poner la cuantía en contexto, el impuesto sobre la propiedad mueble total asciende a unos $409 millones anuales y la porción atribuible al inventario es de unos $220 millones anuales. También hay que tener presente que nuestro sistema contributivo actual resulta bastante oneroso como regla general. De acuerdo con un estudio de PWC y el World Bank de 2018, por cada dólar ganado, 63 centavos son pagados al gobierno en impuestos.

Una característica de un mal impuesto es cuando modifica irrazonablemente el comportamiento del contribuyente afectado. El impuesto sobre el inventario cumple cabalmente con esta definición. El mismo influye en la determinación en cuanto a los niveles de inventarios que se tratan de mantener bajos para evitar su imposición. Recordemos que es un impuesto alto, casi 10% del costo, se impone antes de la venta y en el caso de bienes duraderos puede aplicar en más de una ocasión.

Fuera de Puerto Rico este tipo de impuesto está cayendo en desuso. De los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), solo siete tienen impuestos a la propiedad mueble. En el caso de EE.UU., de acuerdo con el estudio States Should Continue to Reform Taxes on Tangible Personal Property del Tax Foundation (agosto 2019), solo ocho de los 50 estados cuentan con un impuesto total al inventario. De hecho, el estudio recomienda la eliminación de este tipo de impuestos.

Es inaudito que en Puerto Rico aún exista este impuesto a pesar de un consenso prácticamente unánime de su nocividad para nuestro desarrollo económico y del riesgo que representa para nuestra ciudadanía. Entonces si todos coincidimos en su peligro, ¿cómo es posible que el mismo no haya sido eliminado aún?

Se dice que el sector privado no ha estado dispuesto a dialogar sobre este asunto y a discutir alternativas. Me consta que en los últimos 10 años se han hecho varios grupos de trabajo del sector privado y se han llevado a cabo más de un centenar de reuniones para la discutirlo y tomar acción. Mencionaremos en los siguientes párrafos las propuestas discutidas y los argumentos por los que las mismas no han podido ser adoptadas.

Por ejemplo, se ha discutido aumentar el impuesto de patente municipal cuya tasa es .5% del volumen de ventas. Para reemplazar el impuesto de inventario habría que aumentar la tasa contributiva de .5% a .75%, un aumento de 50%. Además, luego de la “patente nacional” este tipo de impuesto ha contado con gran repudio de la ciudadanía.

Se habló de aumentar el impuesto sobre la propiedad inmueble. Una propuesta de consultores del tesoro federal recomendó una imposición de 11 centavos por metro cuadrado de terreno y un pago mínimo anual de $75. Esta propuesta generaba $1,000 millones, eliminaba todo el impuesto sobre la propiedad mueble y había un excedente de $600 millones anuales. Esta imposición incidía sobre la residencia principal de los individuos por lo que también resultó muy antipática y bastante regresiva. El ejecutivo nunca emitió una opinión formal de la propuesta.

También se ha discutido aumentar el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). Para generar $220 millones adicionales se tendría que aumentar la tasa estatal por 1% de 10.5% a 11.5%. Considerando lo alto de la tasa actual y el limitado uso de créditos a través de la cadena, 11.5% luce como una tasa de IVU sumamente alta.

Se mencionó limitar la imposición eximiendo aumentos futuros en los niveles de inventario. Esto no considera que la imposición actual es sumamente onerosa y no se provee alivio real. Se ha mencionado una exención a las empresas pequeñas. Ya existe una exención cuando el volumen de ventas es de $150,000.

Y se ha mencionado una imposición sobre el costo de bienes vendidos. Esta sería difícil de adoptar por dos razones. Primero, el municipio no tendría certeza del momento del cobro pues no se sabe cuándo se venderá el producto. Segundo, el impuesto actual es sobre un promedio de inventarios mientras que el costo de venta incluye todo el inventario comprado durante el periodo, lo que causaría una contribución mayor.

La reducción de gastos por el gobierno municipal se ha propuesto frecuentemente. Un estudio del Colegio de CPA y Estudios Técnicos lo analiza y discute en detalle. Sin embargo, los municipios no han prestado mucha atención a dichas recomendaciones.

El sector privado ha estado dispuesto a dialogar y analizar propuestas. Lo que no se puede pretender es que el sector privado “solicite” una imposición particular. En el pasado han sucedido dos cosas con estas propuestas: se ha adoptado la recomendación, pero se destinan los fondos para otros fines. Segundo, se responsabiliza al sector privado del impuesto y todas sus posibles consecuencias.

La facultad de imponer contribuciones recae sobre el gobierno, no sobre el sector privado. Le corresponde a un representante valiente del gobierno tomar las riendas de la situación. Veamos si éste puede eliminar, con el apoyo del sector privado, lo que ha sido hasta ahora un impuesto combativo.

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