Mayra Montero

Antes que llegue el lunes

Por Mayra Montero
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Impuestos y medallas

El pasado jueves 16 de mayo hubo un encuentro entre la Junta de Control Fiscal y representantes del sector privado.

El gobernador puede seguir pidiéndole a la gente que no se reuna con la Junta y no se acepten acuerdos con el organismo, pero esa batalla la perdió hace rato.

Además, él sabe que mientras más fondos sean aprobados para la Isla, mayor control querrán ejercer las autoridades federales. Lo sabe también la oposición. Es aceptarlo y partir de esa realidad, o empantanarse en el mismo discurso.

Por otro lado, el Ejecutivo y la Legislatura han perdido toda credibilidad frente a unos sectores que durante décadas han sido rehenes impotentes de la politiquería, de los chantajes entre ramas de gobierno, y de los privilegios que obtiene algún grupúsculo, nada muy reglamentado ni homogéneo.

Es por esa razón que líderes del sector privado, algunas asociaciones empresariales, y demás interesados en aplacar la incertidumbre, se reunieron con los representantes de la Junta. El cónclave tenía el propósito de discutir el futuro de la contribución a la propiedad mueble, o impuesto al inventario, y los participantes comunicaron a la Junta su frustración con el gobierno, solicitando acción.

Ese impuesto al inventario es un zarpazo que se le propina a todo aquel que tiene mercancía “en stock”. Afecta a pequeños, medianos, o grandes negocios, y por supuesto a los consumidores, a quienes el comerciante les pasa una parte de la carga económica que representa el impuesto. Mientras más mercancía se acumula, más dinero hay que pagar por ella. Lo vimos con el huracán María, las góndolas se vaciaron rápido porque no había cómo rellenar, y en aquel entonces el gobierno y los legisladores prometieron intervenir para que no se penalizara a los comerciantes que en el futuro guardaran una buena cantidad de provisiones en la trastienda. Eso es lo normal en un país que importa el 85% de lo que consume, y encima está rodeado de agua. Lo lógico es que haya reservas para que, si sucediera cualquier cosa que interrumpa la transportación, no surjan escaseces graves.

Sin embargo, los alcaldes enseguida metieron el pie. Sobre todo aquéllos que sacan buenas tajadas de la contribución sobre la propiedad mueble. Municipios donde ubican los principales almacenes, como Bayamón, Cataño, San Juan o Guaynabo, entre otros, torpedearon cuanto intento surgió en la Legislatura para cambiar las cosas.

¿Qué hizo entonces el sector privado? Pues nada, organizarse y recurrir a la Junta, que los citó en el edificio Seaborne la tarde del pasado 16 de mayo. Allí contaron sus cuitas, lo soltaron todo, cosa que sería prolijo relatar aquí, pero sobre todo la manera en que los afecta una imposición contributiva por la que deben limitar la cantidad de mercancía disponible en sus negocios.

La mayoría de los consumidores ignora por qué ciertos productos se acaban en una megatienda, o cualquier otro lugar, y pasa un tiempo antes que reaparezcan. Es por eso. Porque el comerciante a veces prefiere perder una venta, antes que estar pagando un montón de dinero al municipio por mantener la mercancía en el almacén.

El año pasado, frente a un grupo de alcaldes que lo aplaudía delirantemente, el presidente del Senado prometió que “no se iba a tocar el asunto de la propiedad mueble”. Sabiendo que es una estupidez que le hace daño a la economía, y en definitiva al consumidor, se impuso el llamado “mollero” municipal, y el impuesto sigue gravando la mercancía inmóvil en los almacenes.

Pues bien, la Junta Fiscal tomará cartas. No es la primera reunión que celebran con el sector privado, pero sí la primera que le han dedicado casi por completo al impuesto sobre el inventario y a las posibles opciones para eliminarlo.

Por eso el gobernador no quiere que nadie vaya a las oficinas de la Junta, pero la voz que corre, es que no hay que perder tiempo yendo a la La Fortaleza, mucho menos a La Legislatura. Los legisladores han quedado para lo que han quedado: discutir el protocolo de las autopsias; la ley que obliga a los restaurantes a poner el menú en Braille, o el viaje que hay que hacer a Moca para llevar a cabo una vista ocular (una investigación “abarcadora”, como dice la Resolución de la Cámara) sobre el estado de los rótulos de zona escolar. O sea, que pierden el tiempo redactando un papel para que los legisladores vayan a Moca a contar letreritos. Pero si eso lo puede hacer el borrachín del pueblo y sale gratis.

No en balde se está hablando de un síndico para los municipios. San Germán no sé en qué momento caerá, porque lo de las chorreras acuáticas que costaron $315,000, y están abandonadas en un pastizal, es síntoma de que no hay nada más bonito que un alcalde electo y reelecto por su pueblo. Cinco veces ha revalidado el hombre, que tuvo a bien decir que la culpa de que las chorreras estén botadas la tiene el Banco Gubernamental de Fomento, que no le dio el préstamo para instalarlas.

Bravo por el alcalde, y cuando pueda que pase por las oficinas de la Junta. Lo esperan con una medalla.

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