Benjamín Torres Gotay

LAS COSAS POR SU NOMBRE

Por Benjamín Torres Gotay
💬 0

Impunidad y desconfianza

Esta semana, se supo de manera oficial que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares es objeto de una pesquisa criminal. Aunque es solo la tercera vez en la historia del Estado Libre Asociado (ELA) que se sabe oficialmente que actos de un gobernador son investigados criminalmente, y de ciertos otros aspectos inquietantes de esta última revelación, la noticia pasó con bostezo de café, sin que demasiada gente la prestara atención.

Dice eso tanto de nosotros y de este tiempo en que no va quedando piedra sobre piedra, que vale la pena darle una mirada.

Los primeros dos gobernadores investigados criminalmente fueron Pedro Rosselló y Aníbal Acevedo Vilá. Ambos terminaron imputados de delitos en 2007 y 2008.

Al primero, el gobierno de Puerto Rico lo acusó de apropiación ilegal, falsificación de documentos y aprovechamiento ilícito de su cargo, por haber estado años cobrando una pensión “Cadillac” para la que, según la denuncia, no cualificaba. Dos veces la denuncia no pasó ni de causa para arresto. Al segundo, el gobierno de Estados Unidos lo acusó de fraude y otros delitos relacionados con el financiamiento de sus campañas y lo arrestó mientras ejercía el cargo. Un jurado lo halló no culpable en marzo de 2009.

En la mayoría de los sitios, noticias así, de un jefe o exjefe de Estado bajo pesquisa criminal, causan enormes conmociones. Cuando le pasó a Pedro Rosselló y a Acevedo Vilá, fue así. El país reaccionó consternado y, sobre todo en el caso de Acevedo Vilá, que siendo gobernador y candidato a la reelección tuvo que ir al tribunal federal a entregarse en una tensa mañana de viernes, no se habló de otra cosa hasta que el jurado lo exoneró.

Rosselló Nevares, y cinco cercanos colaboradores suyos, son investigados a ver si en el chat que le costó la gobernación el año pasado hay delitos. El Departamento de Justicia entiende que puede que sí y lo pasó al panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), que el jueves informó que también piensa que, en aquella conversación que tanta convulsión causó en el verano pasado, quizás quedaron expuestos algunos crímenes.

No es muy difícil explicar por qué no se prestó demasiada atención a este asunto: es casi nula la confianza de la población en las instituciones del gobierno de Puerto Rico en general, en las que tienen que ver con la corrupción en particular y en el FEI, en específico. En pocas instancias, se ve tan claro el tremendo desplome institucional que vive Puerto Rico como en los organismos que se supone nos defiendan contra la corrupción.

Es muy difícil recordar la última vez que el FEI llevó un caso de corrupción exitoso contra un funcionario público porque es que, de verdad, hace mucho tiempo que no pasa.

El último caso de corrupción de alguna importancia encabezado por el FEI, y con un resultado que no dejó a la gente insatisfecha, fue el que se llevó contra el exalcalde de Vega Baja Edgar Santana, quien en 2011 fue hallado culpable de extorsión y sentenciado a 18 años de cárcel (que le fueron perdonados en 2016 por Alejandro García Padilla).

En otros casos más recientes, ha ido de fiasco en fiasco.

Durante el gobierno de Luis Fortuño (2009-2013), Esteban Pérez Ubieta fue jefe de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la dependencia del Departamento de la Familia (DF) a cargo de los programas más importantes de beneficencia social. Fue acusado de haber truqueado procesos internos de la agencia para favorecer a empresarios asociados con el Partido Nuevo Progresista (PNP), que no fueron tocados en este caso ni con vara larga.

El caso estuvo años languideciendo en las cortes hasta que hace un mes, más de seis años después de los hechos, se declaró culpable de un cargo de conspiración, en un arreglo que no se espera que le cueste ni un día de cárcel. Durante la investigación de ese caso, la contralora Yesmín Valdivieso descubrió que empleados de ADSEF, en horas laborables y usando correos oficiales y equipo del gobierno, se asignaban cuotas de dinero que debían recoger para el PNP entre contratistas de la agencia.

Nadie fue acusado por eso.

Otro caso notorio reciente del FEI fue el que llevó contra Jaime Perelló, expresidente de la Cámara de Representantes.

El notorio convicto federal Anaudi Hernández era amigo personal y colaborador político de Perelló. Cuando Perelló asumió a la presidencia de la Cámara, se le dio un contrato de $482,000 para la instalación de un cuadro telefónico, a pesar de que Hernández no tenía ninguna experiencia en instalación de cuadros telefónicos y de que la empresa mediante la cual obtuvo el contrato la había inscrito apenas unos días después de que el Partido Popular Democrático (PPD) ganara las elecciones de 2012.

El cuadro nunca sirvió. Todos los que participaron en la otorgación del contrato, menos Perelló, fueron acusados y hallados culpables a nivel federal. A nivel estatal, el FEI le radicó nueve cargos a Perelló, todos derivados del fraudulento contrato.

El caso concluyó en diciembre del año pasado con una condena por negligencia en el cumplimiento del deber que Perelló andaba exhibiendo después por ahí como un trofeo.

Pueden escribirse libros de los fiascos del FEI, que tiene a su cargo también en este momento otro caso que lleva ya unos cuantos años dando bandazos por las cortes: el de delitos sexuales contra el exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill.

Están, entre sus fiascos más notorios, el intento de acusar de malversación de fondos públicos al exsecretario de Justicia Antonio Sagardía, que no pasó de vista preliminar o el ridículo caso en 2018 contra Wanda Vázquez, entonces secretaria de Justicia, hoy gobernadora, el cual no pasó ni de causa para arresto.

En fin, la gente sabe que con el FEI, ni con ninguna agencia del gobierno de Puerto Rico se puede contar para luchar contra la corrupción. De paso, en el caso de Ricardo Rosselló el FEI y Justicia están acusándose mutuamente de negligencia en el manejo de la pesquisa. Lo triste es que seguramente ambos tienen razón. Se sabe de casos que se han caído porque algún fiscal “olvidó” radicar algún documento para la fecha límite.

Decimos con vergüenza los que la tenemos, que las pocas veces que alguien ha pagado por crímenes contra el erario en la isla ha sido por actuaciones del gobierno de Estados Unidos. En unos cuantos meses, por ejemplo, la fiscalía federal dispuso de los acusados en el escándalo de empleados fantasmas en el Senado. Si ese le hubiese tocado el FEI, se terminaban de derretir los glaciares de la Antártida antes de que concluyera.

Es desolador este ambiente de impunidad y desconfianza en las instituciones. No es saludable para el clima social vivir con la agobiante sensación de que el país es objeto de un saqueo salvaje sin que exista ninguna institución en la que confiemos que pueda protegernos.

La gente ve cómo son estas cosas y se abstrae, se vuelve apática, se desconecta. Eso fue lo que pasó cuando nos dijeron el jueves que hay pesquisa criminal contra Ricardo Rosselló y sus “brothers”: nadie cree que tendrá ningún resultado. Pasará mucho tiempo, y harán falta enormes transformaciones, para que volvamos a confiar.

Otras columnas de Benjamín Torres Gotay

domingo, 5 de abril de 2020

Una lección del COVID-19

Si el coronavirus nos enseña la importancia de un sistema de salud pública, no todo habrá sido pérdida

jueves, 26 de marzo de 2020

A la guerra contra el coronavirus, pero sin generales

No podemos seguir, como en los países totalitarios que tanto criticamos, encargándole los asuntos más vitales de la nación a gente con mucha fidelidad al partido, pero muy poca al país, dice Benjamín Torres Gotay

sábado, 21 de marzo de 2020

Coronavirus: la mortal parálisis

Quizás algún día sabremos cuánto nos costó la parálisis de las autoridades durante las primeras semanas de la crisis del coronavirus

💬Ver 0 comentarios