Ibrahim Pérez

Tribuna Invitada

Por Ibrahim Pérez
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Inaplazable redefinir Mi Salud

Nuestra Reforma de Salud celebrará su aniversario de plata el 7 de septiembre de 2018. Aunque su ley habilitadora implicaba el fin del Sistema de Salud Arbona, dicho final nunca se ha materializado. Por el contrario, han transcurrido 25 años plagados de improvisaciones, de déficits económicos crónicos, de decisiones antagónicas a los principios universales de salud pública.

En 1993, el gobierno aspiraba a cerrar la brecha en acceso y calidad entre los servicios de salud que prestaba el sistema público y los provistos por el sector privado. Pretendía dejar de ser proveedor de servicios de salud, para que hubiese un sistema de salud igual para todos los puertorriqueños, el privado.

Los dos pilares estructurales del Sistema Arbona fueron saliendo del Departamento de Salud durante aquella década. Para 1999, el gobierno había privatizado nueve de sus 12 hospitales públicos fuera de Centro Médico. También había dispuesto de la mayoría de los CDT-Centros de Diagnóstico y Tratamiento-mediante venta, alquiler o cierre. Pero aquella privatización fue incompleta. El gobierno todavía opera hoy el sistema dual que prometió eliminar, y en el que la duplicidad de gastos es rutinaria e injustificada.

La ley 72 de 1993 no definió cómo las aseguradoras privadas contratadas organizarían y remunerarían su red de proveedores. Las aseguradoras se ocuparon de hacerlo, pero protegiendo sus intereses económicos e ignorando beneficiarios y proveedores. La Reforma suponía que el gobierno y los municipios no incurrieran en gastos adicionales en servicios esenciales de salud para los pobres, pues dichos servicios serían cubiertos, provistos y financiados por la Reforma. La aportación económica anual de los municipios se limitaría a un porcentaje fijo del presupuesto municipal.

Las aseguradoras nunca pagaron lo justo, ni a tiempo. Hasta han perpetuado Centro Médico como refugio y subsidio económico. Tampoco han llenado las expectativas de servicios a nivel municipal, especialmente los servicios de emergencia. Casi todos los alcaldes han tenido que utilizar fondos adicionales a su aportación anual para brindar servicios de salud que la Reforma debió haber provisto. Hemos llegado al extremo de regresar a lo que abandonamos en 1993: la Cámara de Representantes acaba de aprobar la transferencia del CDT de Vieques de vuelta a un Departamento de Salud en quiebra, otra anacrónica improvisación.

En salud mental, el gobierno intentó varias entidades proveedoras de servicios. En 2006, hasta trató de retomar los servicios en dos regiones. El incumplimiento de los privatizadores ha inducido al gobierno a gastar dinero adicional para prestar servicios que se suponía brindaran las entidades contratadas.

Pre-reforma, en 1993, el gobierno atendía una población elegible de 2.1 millones de habitantes pobres y su gasto rondaba por los $900 millones anuales. La población de Reforma hoy se ha reducido a $1.4 millones, pero su gasto se ha triplicado a cerca de $3,000 millones anuales.

Tras 25 años poniendo parches, es impostergable realizar un análisis profundo y realista de la situación hoy existente. Gobierno y municipios deben actualizar el inventario de los servicios de salud que brindan y financian separadamente de la Reforma, también conocida como Mi Salud, y redefinir los que pueden seguir ofreciendo. Ello produciría ahorros significativos, especialmente si ASES también redefine sus acuerdos con aseguradoras de manera más precisa y los fiscaliza con mayor rigor.

El sostén económico de la Reforma y el mejoramiento de la salud de sus beneficiarios no podrán lograrse mientras el gobierno siga operando un plan de salud sin integración, de enfoque curativo, costoso, y que excluye un determinante componente preventivo para mantener a la gente saludable. Esa es una acción inaplazable que requiere cambiar de inmediato la manera en que se prestan los servicios.

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