José Caraballo Cueto

Tribuna Invitada

Por José Caraballo Cueto
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Incentivos: lo bueno y lo malo

La economía de Puerto Rico se modernizó al incentivar económicamente a empresas extranjeras. Por eso, hay quien piensa que mientras más incentivos haya, mayor será el desarrollo económico. Sin embargo, ese no parece ser el caso. A pesar de aumentar los incentivos a empresas y personas en los últimos años, la economía continuó en su gran depresión.

Timothy Bartik (2018) concluyó que casi el 75% de las empresas hubiesen tomado las mismas decisiones en ausencia del incentivo en Estados Unidos. Para evitar dar incentivos redundantes es muy importante que los gobiernos estatales y municipales calculen el “contrafactual”: ¿qué hubiese ocurrido si no damos este incentivo o si lo reducimos a la mitad?

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio comenzó bien al evaluar cuánto del gasto en incentivos regresaba al erario a través de actividad económica creada. Sin embargo, falta evaluar la redundancia: un incentivo redundante parecería que regresa al erario, pero era actividad que ocurriría de todas formas. Un ejemplo son las semilleras transgénicas, las cuales iban a invertir en Puerto Rico de todas formas ya que su incentivo mayor probablemente sea la combinación de clima fértil durante todo el año, salarios mucho menores que en Hawái e igual protección en la propiedad intelectual. Otros incentivos redundantes son los que los municipios dan a detallistas multinacionales, quienes se esparcen por sí solos, creando menos empleos de los que desplazan y reduciendo los recaudos municipales (al desplazar los comercios locales que pagaban impuestos).

Uno de los problemas del gobierno es que sustituyen los estudios económicos serios por anécdotas. Por ejemplo, la Ley 22 de 2012 otorga 100% de exención sobre ingresos devengados a millonarios extranjeros a cambio de que compren una residencia, la cual si es usada tiene cero impactos en el Producto Nacional Bruto (es un simple cambio de titularidad, a menos que remodelen). ¿Cómo saben que esos millonarios no hubiesen venido si se reduce esa exención al 90 o 95%? ¿Por qué no requieren la compra de una propiedad nueva para maximizar el mecanismo?

El gobierno llegó al punto de requerirle cero empleos a los beneficiados por la Ley 20 de 2012, como si no fuese necesario garantizar la creación de empleos. Tampoco miden redundancia por cada beneficiado: un trapero daría conciertos con o sin incentivo dada la rentabilidad. Ahora se encaminan a preparar un paquete de incentivos exagerados —excediendo lo que se ofrece a nivel federal— para los beneficiados con las Zonas de Oportunidad (Proyecto de la Cámara 1887), nuevamente sin saber en qué punto empieza la redundancia y, por consiguiente, la dilución innecesaria del impacto económico.

Otro problema es la falta de transparencia: el gobierno no quiere que sepamos la efectividad ni el tamaño de los incentivos. Esto va contra la tendencia internacional y del mismo Estados Unidos donde no solo se divulgan esos gastos fiscales, sino que se evalúan anualmente por un consejo revisor de incentivos (TIRCs en inglés) que integra la sociedad civil. En la isla hubo un consejo revisor, apoyado por la Junta de Control Fiscal, pero fue desmantelado.

La excusa de que “hay información privilegiada que puede afectar la competitividad” sugiere que incentivaron distinto a empresas similares, creando competencia desleal y otras distorsiones. La información financiera de las empresas no hace falta para saber la redundancia y aún los estados de situación de cada empresa son públicos en el Departamento de Estado. Solo necesitamos saber el tipo y cantidad del incentivo y los empleos de cada empresa subsidiada antes y después del incentivo.

Los incentivos bien diseñados pueden sacarnos de esta crisis (por ejemplo, al exigir que las empresas exporten). Los incentivos mal utilizados nos hunden más.

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