Heidie Calero

Punto de vista

Por Heidie Calero
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Incompleta iniciativa del “Task Force” médico

El plan de reapertura de la economía de Puerto Rico presentado por el Task Force médico que asesora al gobierno en torno al COVID-19 recomienda flexibilizar la política de “confinamiento” impuesta a la población general desde el 15 de marzo, con una reapertura económica gradual en cuatro fases. 

Suena razonable y coincidimos en la apertura de la Fase 1 para sectores como la construcción, que, en nuestra opinión, nunca debió estar paralizada; la manufactura, agricultura e informática (es decir, el sector de las telecomunicaciones). 

Añadiría que en esta Fase 1 hay que hacer todos los esfuerzos por reabrir las escuelas públicas con seguridad, no solo para los maestros y empleados, sino para los niños y sus familiares. Si el distanciamiento físico es una herramienta clave, entonces ¿por qué no reabrir algunas de las escuelas públicas que cerraron con muy pocos criterios y permitir que haya más espacio para estudiantes y maestros? La educación en Puerto Rico tiene que ser nuestra primera herramienta, junto con una infraestructura eficiente para competir a nivel global en el Siglo 21. Pasar de grado a los estudiantes este año no es cuestión de “misericordia”, como declaró el secretario de Educación, sino de competencia. Hay que abrir los comedores escolares y ofrecer las únicas comidas del día, desayuno y almuerzo, que a veces tienen muchos de nuestros niños. 

Las telecomunicaciones juegan un rol esencial en todo este plan de reapertura, no solo en sistemas que funcionen para la prestación de servicios y beneficios del gobierno a la población total, sino sobre todo por su aportación para lograr acceso digital para enseñar a nuestros niños y jóvenes de educación universitaria. 

Pero, este plan por fases se fundamenta en arena movediza. A saber: ¿dónde está la información confiable sobre el número de personas contagiadas por COVID-19; cuántas pruebas se están y estarán haciendo durante este proceso; cuál es el protocolo de rastreo de contacto de las personas contagiadas; cuántas pruebas se han comprado o están en camino de ser adquiridas; dónde se procesarán esas pruebas – en laboratorios de Estados Unidos o en Puerto Rico; cuántos días de procesamiento o minutos? 

¿Cómo se ha fortalecido el sistema de salud: cuántas camas de hospital se han añadido; cuántos ventiladores tienen las unidades de cuidado intensivo; cuánto personal de salud se ha reclutado; cómo se ha reforzado Centro Médico; en realidad se necesita convertir el Centro de Convenciones en un hospital y a qué costo? 

¿Quién prepara el informe de impacto económico de COVID-19 que ordenó la jueza Laura Taylor Swain a la Junta de Supervisión Fiscal y tienen hasta el 1 de mayo para someterlo al Tribunal? 

El país quiere conocer a los integrantes del Task Force económico; si están cobrando por sus servicios; cuánto se les paga y lo mismo para el Task Force médico. Si es trabajo voluntario, les damos las gracias. Si están cobrando, necesitamos desempeño. Sí, hay demasiadas preguntas y pocas respuestas.

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