Gustavo Vélez

Punto de Vista

Por Gustavo Vélez
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Incumplir con PROMESA es perpetuar la quiebra

En el marco del tercer aniversario de la entrada en vigor de la ley federal Promesa, la Junta de Supervisión Fiscal parece tomar una nueva actitud hacia el gobierno de Puerto Rico.  Ante lo que evidentemente es un patrón de desafío por parte de la administración gubernamental, la Junta radicó una demanda contra el gobernador de Puerto Rico, para anular la Ley 29, que libera a los municipios del pago de su aportación al sistema de retiro y la reforma de salud. 

El recurso legal radicado por el ente supervisor de las finanzas públicas, también busca anular sobre 20 resoluciones legislativas que reasignan fondos para fines no prioritarios. 

Dentro de Promesa, la Junta actúa como el síndico de la quiebra, y el gobierno es el quebrado. 

La ley 29 y estas asignaciones de recursos violan el Plan Fiscal aprobado y son inconsistentes con la Sección 203 de Promesa. Ambas medidas tienen un impacto combinado sobre el fisco de $400 millones anuales, y debilitan la capacidad del gobierno de poder de cumplir sus obligaciones financieras, una vez Puerto Rico salga de la quiebra.  

En términos simples, el alegato de la Junta ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, es que las acciones del gobierno representan un menoscabo a la capacidad financiera del gobierno, para pagar la deuda, las pensiones, y los demás gastos, una vez se salga de la actual protección que provee el Título III de Promesa. 

Esta demanda no ocurre en el vacío. En primer lugar, es claro que desde la aprobación de Promesa, persiste un claro desafío al estatuto federal por parte del gobierno. Durante sus últimos seis meses en el poder, el gobernador Alejandro García Padilla, se hizo de la vista larga con respecto a la oportunidad de aprobar un Plan Fiscal, como establece Promesa. 

El gobernador anterior prefirió dejarle la “papa caliente”, al nuevo gobernador, que, aunque prometió cumplir con Promesa y los acreedores, durante la campaña electoral, luego desde el poder, se viró contra los acreedores y también lleva un desafío contra la Junta y los esfuerzos de enderezar las finanzas del gobierno.  

Me acuerdo muy claramente de cómo el candidato, hoy residente en La Fortaleza, decía en los debates que el problema fiscal de Puerto Rico era de mala administración y que pagaría hasta el último centavo de la deuda pública y trabajaría en armonía con la Junta. 

A los seis meses en el poder, la misma Junta que hoy lo demanda, le permitió al gobernador acogerse al Título III de Promesa para dejar de pagar la deuda. Esta acción hizo posible al gobierno dejar de pagar sobre $50,000 millones de deuda, incluyendo la deuda constitucional, que todos los gobernadores desde Luis Muñoz Marín hasta Luis Fortuño, pudieron pagar, honrando la palabra de todos los puertorriqueños hacia la comunidad financiera. 

A mi juicio, desde ese momento, la Junta perdió el mecanismo de presión para hacer cumplir al gobierno con Promesa. La administración Rosselló ha decidido recostarse del hecho de no pagar la deuda, para seguir quemando millones de dólares en gastos no esenciales, como publicidad, y contratos a los allegados al poder. 

No pagar la deuda proveyó al gobierno un respiro financiero, que, en lugar de utilizarse para implementar todas las reformas estructurales y medidas para sanear las finanzas del Estado, se ha utilizado para continuar con las mismas prácticas que nos trajeron a la quiebra. 

La posibilidad de que, según se destila en los medios, pronto ocurran decenas de arrestos por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), por esquemas de corrupción asociados a otorgación de contratos, enviaría un peligroso mensaje al Congreso y a la comunidad financiera. 

Existe la sensación, entre el pueblo y el mundo, de que nuestra clase política, aún en quiebra y con la devastación que implicó el ciclón María, prefiere continuar con las mismas viejas malas costumbres que nos trajeron a la quiebra. 

La Ley Promesa no es un menú de un restaurante, que permite escoger entre varias opciones. El mandato federal es claro y hay que cumplirlo para poder enderezar las finanzas públicas y crear las condiciones para que la isla recupere su viabilidad económica. 

Mientras nuestra clase gobernante ha decidido escoger la ruta del desafío a Promesa, hundiendo a Puerto Rico más en la quiebra, la Junta parece que por fin entendió que tiene hacer uso máximo de sus poderes. Tres años luego de la aprobación de Promesa, es obvio que la ley debió darle todos los poderes al ente federal, como ocurrió en Washington D.C. y Detroit, para poder ejecutar sin el estorbo de los políticos. 

Ya parece ser obvio que, en nuestra peor crisis, carecemos de una clase política capaz de actuar a la altura de los tiempos que vive nuestro pueblo.

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