Heyda D. Torres Rivera

Punto de vista

Por Heyda D. Torres Rivera
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Injusta responsabilidad en los centros de cuido de menores

Cuando se trata de la vida de un niño o una niña, no hay medida preventiva que esté de más. Recién despertamos con la triste noticia de la pérdida de la vida de un infante que fue olvidado por el padre en el interior de su vehículo.

El protocolo de llamada preventiva es una herramienta que únicamente ayuda al padre, madre o encargado de un menor. Es un requisito de licenciamiento para los centros de cuidado, y desarrollo de niños, y como tal, todos están obligados a implementarlo. Tiene como propósito alertar al padre, madre o encargado de que el menor no ha llegado a la institución. Busca reducir la posibilidad de que un menor sea olvidado en el interior de un vehículo, y por consiguiente sufra daños o la muerte. 

La regulación existente exige que los padres o encargados se comuniquen al centro para excusar a su hijo. De no hacerlo, el centro deberá comunicarse con ellos, cuando hayan transcurrido 30 minutos de la hora de entrada escogida, y previamente notificada por ellos. El centro debe comunicarse con, al menos, tres personas en el orden de prioridad establecido, por tres medios distintos, incluyendo los electrónicos.

El protocolo le impone al centro la responsabilidad de activarlo todas las veces que cualquiera de los niños no se presente a su hora habitual. El incumplimiento con el mismo expone al centro a penalidades, que pueden incluir la suspensión de su licencia. La reglamentación indica que aun cuando el centro cumpla con el protocolo, no está exento de responsabilidad civil o penal. En otras palabras, independientemente del cumplimiento, se le impone de forma injusta toda la responsabilidad al centro de velar por el cuidado de un menor, que no está bajo su supervisión, y que se encuentra en custodia de sus padres o encargados.

Aun cuando el fin del requisito del protocolo es uno loable, entendemos que no es suficiente para garantizar el interés que el estado busca promover. Tampoco es la solución más eficaz, porque hay factores que están fuera del total control del centro, que inciden en un cumplimiento efectivo en beneficio de los niños.

Hay alternativas, como algunos dispositivos electrónicos que se conectan al asiento protector, que son más eficientes. El estado puede crear legislación para promover y exigir el uso de estos dispositivos que alertan de forma inmediata que un niño permanece en el interior del vehículo, tal y como lo hizo anteriormente con los asientos protectores. Opciones así pueden salvar la vida de cualquier niño, no solo de los que estén matriculados en los centros. Hoy, la razón de ser de los centros son los niños y por ellos debemos todos aportar a la búsqueda de soluciones viables y eficientes que garanticen su seguridad. El protocolo de llamada preventiva no es suficiente.

Vilmarie Esquilín Mangual, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño, es coautora de esta columna.






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