Alex M. López Pérez

Tribuna Invitada

Por Alex M. López Pérez
💬 0

Injusticia juvenil

La reciente discusión pública surgida respecto al tratamiento judicial de los menores ofensores pone de manifiesto un problema de fondo más complejo que lo que la pretendida reducción de edad para procesar menores sugiere.

Desafortunadamente, la reducción o ampliación del límite de edad para atender la delincuencia juvenil no atiende de primera intención ese problema, cuya complejidad resiste una solución tan simple.

No cabe duda que existe un problema real de delincuencia juvenil que hay que atender con firmeza y compromiso. Muchos de nuestros jóvenes caen presas de la seducción que ejerce sobre ellos la narcocultura prevaleciente y sabemos que esa caída trae consigo una vorágine de problemas muchos más complejos y severos, perpetuando el ciclo de violencia y de inseguridad que nos agobia.

Sin embargo, demasiadas veces los defensores públicos y las entidades que defienden a los menores, nos topamos en nuestros tribunales con situaciones en las que se procesa a menores por faltas que se podrían considerar como de incorregibilidad o indisciplina. Esto es algo reñido con el objetivo de ese ordenamiento, donde la intención original era específicamente excluir de su alcance la incorregibilidad y la indisciplina. Igualmente pretendía excluir de sus disposiciones a jóvenes que carecen de hogar o de atención familiar.

No significa esto que no sean asuntos serios que no deban ser atendidos. Sólo que no deben ser atendidos judicialmente ni mediante procesamiento criminal, sino a través de los muchos otros mecanismos de intervención y manejo que existen socialmente y que están en operación actualmente.

Lamentablemente ocurre totalmente lo opuesto. Se aplica una rigurosidad excesiva y una fuerza desproporcionada en casos marginales que se encuentran en la frontera del estatuto mientras que situaciones que requieren intervenciones más severas y firmes escapan el alcance de las intervenciones hechas por los llamados a defender el orden público. El sistema oscila entre la impunidad y la opresión.

El fijar una edad mínima desde la cual se pueda intervenir solo es una parte del problema. El problema de fondo está en cómo se utiliza la discreción por parte de los responsables de proteger el orden público. Esa falta de discreción es la manera en cómo se procesa a los jóvenes ofensores lo que ha llevado al nivel de indignación social como los que hemos visto recientemente, presentándose casos bajo el eufemístico “Pueblo en interés del menor” que debieron ser atendidos a nivel escolar o por otros mecanismos.

Nos toca estar atentos a ver si la discreción de nuestros funcionarios convertirá a nuestro ordenamiento juvenil en el instrumento de intervención temprana y justicia que todos aspiramos o si nuestro ordenamiento será otro caso en donde se demuestre la triste profecía del filósofo Anacarsis: que las leyes son telarañas hermosas y complejísimas que funcionan para atrapar al débil pero incapaces de detener al fuerte.

Nuestros funcionarios, cuya tarea es tan grave y titánica, no deben ceder a la tentación de verse bien en reportes, estadísticas, informes o en ganar victorias fáciles. La necesidad de atender con rigor y disciplina este asunto exige toda nuestra atención.

Durante muchos años y en muchas instancias, el Estado ha ido desmantelado los parámetros de autoridad escolar y familiar señalando lo erróneo de las intervenciones anteriores (que ciertamente no estaban exentas de abusos) de que era el Estado quien tenía las soluciones y era el que sabía cómo hacerlo.

Hoy, ante el fallo evidente de dicha estrategia, la única solución es la criminalización de muchos jóvenes que ciertamente no son criminales.

💬Ver 0 comentarios