Julio Fontanet

Tribuna Invitada

Por Julio Fontanet
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Injusticia juvenil en Puerto Rico

Es difícil no unirse a las voces que reclaman del gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo Rosselló, el veto del P de la C 1036, que pretende adoptar una nueva Ley de Justicia Juvenil. Es más difícil aún, después que el Senado de Puerto Rico había aprobado otro proyecto de ley (el P de S 489) con una visión sumamente distinta, y por unanimidad.

Cabe destacar que el proyecto inicialmente aprobado en el Senado fue presentado por legisladores de distintos partidos, así como por el senador independiente Vargas Vidot. Contaba con una exposición de motivos rigurosa y sumamente fundamentada. Si era tan malo, ¿por qué lo aprobaron por unanimidad? ¿Qué pasó en el camino que repentinamente se aprobó otro proyecto del mismo tema y totalmente inconsistente con el primero?

No pongo en duda las buenas intenciones de los que propulsan el P de la C 1036. El problema es que la medida es contraria a los mejores intereses de los menores y su rehabilitación; adopta una óptica sumamente punitiva que ha resultado en un fracaso de acuerdo a la criminología moderna; es contrario a convenios y tratados en los cuales se les reconocen derechos a los menores de edad; y será inoficiosa para atender la conducta de naturaleza criminal de ese sector.

Al comparar ambos proyectos se ven unas diferencias abismales. En el P de S 489 se establece una edad mínima -trece años- para que un menor de edad pueda ser procesado judicialmente, de manera que en la alternativa se ausculten otros mecanismos más consistentes con la edad y madurez para atender los problemas de su conducta.

Precisamente, establecer una edad mínima es un imperativo del Derecho Internacional. Recuerdo haber tenido que representar a niños de 9 y 10 años en el Tribunal de Menores, por haberse el primero apropiado de una bolsa de papitas fritas de la cafetería de una escuela, y el otro, por haber chocado con otro, en una fila para entregar un trabajo. Me pregunto qué beneficio hubo para la sociedad o los menores el que dichos incidentes hayan sido tramitados judicialmente.

Me preocupa también que el proyecto que tiene ante su consideración el gobernador disminuya la edad mínima en la que un menor puede ser juzgado desde un principio como adulto (es decir, sin vista ante profesiones de la conducta que determinen la idoneidad de dicha determinación) desde los catorce años y amplíe las posibles conductas a ser consideradas.

El proyecto pretende, además, fomentar mayor castigo a los menores, limitar sus opciones de rehabilitación y acercarlos peligrosamente a la normativa aplicable a las personas adultas, a pesar de, como muy bien expresó en estas mismas páginas el licenciado Luis A. Zambrana, la existencia de una corriente internacional y en el sistema federal de los estados Unidos de separarlas cada día más.

Hace unos días leí unas líneas del amigo presidente de la Cámara, honorable Johnny Méndez, en la que expresaba que el proyecto ante la consideración del gobernador expone a los menores a sanciones más severas, pero que ello era necesario para que los padres ejercieran mayor supervisión de sus hijos, tomando en consideración las consecuencias a las que se exponían. Ciertamente nadie puede oponerse a exigirles a los padres mayor supervisión de sus hijos. El problema es que exponer al menor a una normativa más punitiva en nada adelanta ese propósito. Al evaluar las estadísticas, veremos que la gran mayoría de los menores que cometen faltas no son criados por papá y mamá. Son mayormente criados por uno de sus padres, abuelos u otros familiares y en paupérrimas condiciones.

Lamentablemente, al evaluar el proyecto ante la consideración del gobernador, no vemos nada que pueda mejorar las opciones de modificar la conducta de un menor que es identificado por el sistema por incurrir en conducta antisocial. Lo que haría su aprobación -aparte de robarles su niñez - sería condenarlos a una vida en instituciones penales.

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