Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Injusticias que se cometen a nombre de la justicia

La mera consideración de legislación para juzgar a niños como adultos nos devuelve a la Edad de Piedra y prioriza el castigo sobre la rehabilitación.

Ante el castigo cruel e inusitado que propulsa el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, con la bendición del Departamento de Justicia, nos preguntamos qué castigo merece el Estado, que abandona a la niñez temprana, pero se regodea en barbaridades para meterla presa.

El Estado debería atender la raíz del problema que lleva a los menores a delinquir. La crianza en la pobreza extrema –que las estadísticas dicen que afecta al 56% de los niños y adolescentes— se traduce en mala alimentación, falta de educación y otras carencias.

Aquí el Estado ha retrocedido dramáticamente en su responsabilidad vicaria y ahora pretende lavarse las manos como Pilato imputándoles a los niños delitos de adultos y condenándolos a una vida delictiva para la que su mejor apuesta es la cárcel, no la rehabilitación.

El presidente de la Cámara (aquel que con cara compungida aparecía en televisión dizque ayunando), afirmó al presentar la legislación en cuestión que establecer los 13 años como edad mínima para acusar a un menor promovía la impunidad. Lo que no dijeron Méndez ni Justicia es que estadísticas citadas esta semana por el colega Benjamín Torres Gotay en este diario reflejan que, entre 2009 y 2015, solo el 12% de los menores imputados cometieron faltas Tipo III, las que constituirían delito grave en los adultos.

La impunidad, trágicamente, está en otro lado.

Pero, la insensibilidad del Estado no se detiene en el tema de los menores, como demuestra el caso de Luis Pérez Galbán, apodado Luisito el bebé debido a su retardo mental severo. Luisito, de 37 años, fue enviado a la cárcel en abril pasado tras ser acusado de agredir a su madre anciana, una imputación que prosperó a pesar de que era obvio que este adulto-niño no tenía capacidad para entender el proceso, en el que un juez le fijó fianza de $10,000.

Tras la presión pública, Luisito fue excarcelado y puesto bajo la custodia del Departamento de Salud, cuyos recursos para atenderlo son muy limitados. Ah, los cargos en su contra se mantienen vivos, lo que representa otra injusticia más de la justicia.

Esta semana también salió a la luz el caso de Sherly Ann Goire Avila, de 27 años, que ha quedado cuadrapléjica tras ser agredida presuntamente por su pareja. El sospechoso del delito de violencia doméstica, ocurrido el 4 de junio, no había sido arrestado hasta la fecha porque la fiscalía requería el testimonio de la joven.

¿Y si la hubiera matado? ¿No procedería entonces acusación alguna contra el atacante?

Estos casos, que tienen como denominador común la injusticia, ponen de manifiesto la culpabilidad del Estado, que cada vez se aleja más de su función social, como surge de los recortes dramáticosen los presupuestos de las agencias responsables de los renglones de salud, educación y bienestar.

En la sombrilla de Familia, por ejemplo, sobrepasan los $21 millones. El Departamento de Salud pierde $38 millones, sin contar los $100 millones que se le quitan a la Administración de Seguros de Salud (ASES). También pierden los departamentos de Educación, $200 millones; Justicia, $60 millones; Corrección, $26 millones, y la Policía, $50 millones.

Eso sí, al batatal político que es la Comisión Estatal de Elecciones se le asignan para el nuevo año fiscal $30 millones de presupuesto, a pesar de que no tendrá nada que hacer hasta el año electoral de 2020.

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