Marie Carmen Muntaner

Punto de Vista

Por Marie Carmen Muntaner
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Inmunidad estatutaria para proveedores de salud

La iniciativa de Puerto Rico sobre la concesión de inmunidad en tiempos de declaración de emergencia para las instalaciones de salud no es exclusiva de Puerto Rico. Es importante resaltar que la crisis del COVID-19 y la importancia de mantener la agilidad en el tratamiento han llevado a una multiplicidad de estados a emitir órdenes ejecutivas y a extenderles inmunidad, algunos hasta en reclamaciones del ámbito criminal (lo cual no es el caso de Puerto Rico).

Connecticut, Illinois, Luisiana, Michigan, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte y California son algunos de los estados que han emitido órdenes ejecutivas de carácter similar a la OE-2020-036.

Se le suma a esta lista, estados que tienen disposiciones similares de carácter automático cuando existe una declaración de emergencia que pone en peligro la salud pública. En días recientes, Nueva Jersey convirtió la inmunidad de la orden ejecutiva en ley, la legislatura de Massachusetts aprobó un proyecto de ley que provee las mismas protecciones a sus facultativos, y estados como Pensilvania y Florida están en proceso de revisar y emitir disposiciones similares.            

Hoy existen varios estados cuyas leyes relacionadas a la respuesta de emergencia contienen cláusulas de inmunidad estatutaria para los proveedores de servicios médicos que se activan automáticamente al oficializarse una declaración de emergencia de salud pública (California, Luisiana).

En el caso de Nueva Jersey, que cuenta con la legislación más reciente, la inmunidad se activa con la declaración de emergencia. Pero va más allá al convertirla en un estatuto independiente en el que define de manera más detallada y específica los profesionales e instituciones de salud a los que cobijará, determina el alcance de la inmunidad, define los parámetros de tratamiento y cuidado dentro de una emergencia, establece los protocolos de extensión de licencias, certificaciones y/o autorizaciones para operar, y establece una normativa para reciprocidad aplicable a profesionales que están autorizados a prestar servicios en otros estados y están disponibles para asistir en caso de emergencia.

Estas declaraciones de inmunidad en muchos de estos estados se expiden aun cuando los hospitales no están abarrotados de pacientes, precisamente porque lo que se busca es que no haya aprensión entre los proveedores y las instalaciones. El objetivo es que puedan estar disponibles, abiertos y preparados para arriesgar sus vidas por el bien colectivo.

Pero aquí en Puerto Rico, hoy nuevamente nos levantamos con muchas opiniones de juristas que atacan el fin de esta orden. ¿Cómo podemos alcanzar la capacidad y competencia máxima cuando se les pide a los profesionales de la salud y a las instalaciones que sacrifiquen tanto, mientras se les amenaza con un futuro de numerosas demandas basadas en circunstancias que están fuera de su control?

Ante la posibilidad real de que Puerto Rico pueda enfrentar otra emergencia de salud pública en el futuro lejos o tan cercano como ahora, la legislatura debe moverse a crear un estatuto que habilite la prestación y el acceso a servicios de salud, cuya vigencia y aplicación se activen de manera automática ante una declaración de emergencia.  De igual manera y ante la incertidumbre de la actual orden, debe promover por legislación este asunto expeditamente.

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