Ariel O. Caro Pérez

Punto de vista

Por Ariel O. Caro Pérez
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Inmunidad médica: la batalla de Troya es otra

El jurista encontrará sin duda un sinfín de ventanas cerradas, de estrellas apagadas, de hombres dormidos. En esta tarea debe saber que no está solo. Su misión es revelar lo justo”.  Esa memorable cita expuesta por el juez asociado Antonio Negrón García en Núñez v. Cintrón, 115 DPR 518 (1984), nos recuerda con deslumbrante claridad cuál debe ser la misión principal de los profesionales del derecho. Tras la Orden Ejecutiva emitida por la gobernadora Wanda Vázquez para conceder amplia inmunidad a profesionales de la salud, instituciones hospitalarias y otras personas, ante reclamaciones de impericia médica durante la pandemia del COVID-19, se generó una visceral controversia entre algunos médicos, abogados e instituciones sanitarias que muy flaco servicio le ha hecho al país. Afloraron los prejuicios. La batalla de Troya es otra.

Algunos advertimos el defecto estructural y constitucional de la referida Orden Ejecutiva debido a que la primera mandataria se excedió en sus facultades constitucionales, en violación al principio de separación de poderes. Los legisladores del PIP presentaron un recurso legal en que cuestionan la validez constitucional de la medida. El presidente del Senado hizo expresiones públicas contundentes en contra de su validez. 

Nada de lo anterior constituyó un menosprecio o atentado contra el buen servicio que ofrecen los médicos y hospitales al país. La rápida acción conllevó que, al menos, el defecto constitucional se haya empezado a curar. El Senado aprobó dos medidas para atender el tema de la inmunidad.  Una de las piezas fue enviada por la gobernadora, lo cual constituye una reivindicación.  Ambas piezas pasan a la Cámara de Representantes para su evaluación.

En términos sustantivos, la discusión y el análisis serio debe ser si es conveniente y necesario para nuestro estado de derecho el que se conceda inmunidad ante reclamos de impericia profesional en estos tiempos.  Es innegable el hecho de que los profesionales de la salud en nuestro país y en el resto del mundo han asumido un rol esencial y protagónico en el manejo de esta crisis de salud. Por otro lado, a los pacientes solo les queda la confianza en sus médicos e instituciones de que los van a tratar con el profesionalismo y competencia requerida para curar o aliviar su estado de salud. Cuando ocurre una falla en esa relación es que cobra importancia vital el estado de derecho. 

Resulta imprescindible analizar diversas alternativas. En primer lugar, el no conceder inmunidad. Esa postura parte de la idea de que los médicos y hospitales gozan de unas protecciones legales que otras partes no tienen. Dicho de otro modo, a los pacientes se les hace muy difícil probar sus casos puesto que se requiere un estándar mayor de análisis y de prueba. Además, el médico goza de muchas defensas, entre ellas la presunción de que actuó correctamente. Se plantea además que nuestros hospitales están ocupados solo en un 30% de capacidad, por lo que afortunadamente no estamos ante una crisis de manejo de pacientes infectados por el virus como es el desdichado caso de otros países. 

La segunda postura es conceder amplia inmunidad. Los defensores plantean que ante lo novel y catastrófico de este virus se deben proteger para que ejerzan la medicina libre de presiones. Aunque parezca loable esa postura, la realidad es que en la actualidad existe inmunidad para los médicos que laboran para el estado o para instituciones educativas, y en ciertas instancias en instituciones privadas. Esta alternativa protege solamente a una parte, puesto que deja desprovisto de remedios al paciente víctima de un mal manejo médico. Esta alternativa niega el acceso a los tribunales y favorece a las aseguradoras. En Puerto Rico la ley requiere que los médicos y hospitales tengan pólizas de seguros para responder por los daños causados, por lo que la inmunidad los beneficia enormemente.

Una tercera alternativa es que se establezcan límites de cuantía en la valoración del daño dentro de los términos que dispone la Ley 104 de pleitos contra el estado ($75,000/$150,000). Adjudicada una reclamación a favor de los pacientes, caería dentro de los límites de prácticamente todas las pólizas de seguros. Esta alternativa concilia todos los intereses envueltos y permite un adecuado balance de intereses.  Esta opción debe limitarse a la crisis actual del COVID-19 y no de forma general a toda emergencia, ya que cada situación se debe atender a tenor con sus particularidades.

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