James L. Rivera Velázquez

Punto de Vista

Por James L. Rivera Velázquez
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Inmunidad que alimenta al coronavirus

Durante una pandemia sería lógico relacionar el término inmunidad a “un estado de resistencia, natural o adquirida, que poseen ciertos individuos o especies frente a determinadas acciones patógenas de microorganismos o sustancias extrañas”, según la Real Academia Española. 

Pero, en la Cámara de Representantes, a Adil Rosa se le ha hecho una sorpresiva oferta de “inmunidad” que no solicitó y tampoco se negó a declarar.

En las pasadas semanas, la Comisión de Salud de la Cámara ha investigado la escandalosa compra de pruebas para la detección del COVID-19. En dos vistas interrogaron a testigos con conocimiento del proceso de compra, y trajeron al debate público la legitimidad de la inmunidad legislativa.  

Nuestro Tribunal Supremo ha dicho desde 1953 al resolver el caso Batalla v. Tribunal de Distrito, 74 DPR 289 que: “un estatuto de inmunidad no es equivalente a una amnistía para el crimen. No está predicado en un sentido de magnanimidad hacia los criminales, ni designado para borrar los delitos. Tampoco para ser usado como una trampa por el gobierno. Su único propósito es facilitar la administración de la justicia, haciendo asequible evidencia necesaria, imposible de conseguir sin la inmunidad”.

Entonces, tenemos que preguntarnos: ¿Qué clase de inmunidad puede ofrecerle la Comisión de Salud a la testigo? ¿Qué efecto tiene el que acepte la inmunidad ofrecida?

Para que se dé el ofrecimiento de “inmunidad”, el testigo tiene que negarse a declarar. Además, la Comisión de Salud no puede concederle inmunidad criminal alguna a ningún testigo. La Cámara solo puede iniciar un proceso criminal contra un gobernante, pero no contra una persona que se rehúsa a deponer.

Hay que tener en cuenta que el estatuto que regula el procedimiento y la concesión de inmunidad de testigos en los procedimientos judiciales, administrativos y legislativos es la Ley Núm. 27 de 8 de diciembre de 1990, según enmendada, y mejor conocida como la “Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos”.

Esta ley crea el mecanismo uniforme para la concesión de inmunidad a testigos por cada uno de los poderes públicos en sustitución de la legislación fragmentaria que existía con anterioridad a la vigencia de esta ley. Además, mediante esta ley se aclara el alcance de la inmunidad concedida en procedimientos judiciales, administrativos y legislativos.

Según el Artículo 7, Sección 3 de la Ley para la concesión de la inmunidad debe aprobarse una resolución con el voto de la mayoría de los miembros de la Cámara.

No debe haber duda que la inmunidad que le puede ofrecer la Comisión de Salud a Adil Rosa es una de cartón y más cuando ha dicho que la Dra. Concepción Quiñones participó de las reuniones del “Task Force”, dato que la Dra. negó previamente bajo juramento ante la Comisión. 

En esta lucha de bandos, el único que obtendrá inmunidad es al que menos le importan partidos o clases. Mientras los políticos se pelean, personas siguen muriendo. Y así la politiquería nos convierte poco a poco en el único país con la inmunidad que alimenta al coronavirus.

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