José A. González Taboada

Tribuna Invitada

Por José A. González Taboada
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Intransigencia contraproducente

La precaria situación financiera de la UPR se complica más por la intransigencia de la alta gerencia de la institución, el gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los grupos que operan dentro de la comunidad universitaria.

Hay grupos que se resisten a todo tipo de cambio. Están en negación y no reconocen la crisis financiera. Exigen que las cosas sigan como siempre y pretenden negociar con la administración desde posiciones insostenibles.

Por otro lado, la gerencia universitaria arrastra los pies para hacer reformas administrativas necesarias. Es obvio que 11 rectorías y todos los costos que conlleva no es sostenible; pero no se hecho nada al respecto. Leyendo el presupuesto publicado por el presidente Jorge Haddock, vemos que las reformas son alzas de la matrícula para alumns subgraduados y graduados, de cuotas mantenimiento, tecnología y derechos de laboratorios, así como reducción de personal a tiempo completo y de beneficios marginales. O sea, las medidas ya tomadas son las que golpean duro a estudiantes y empleados, mientras las reformas a la burocracia administrativa no reciben la prioridad que ameritan.

Históricamente, la administración de la UPR no ha prestado atención a sus finanzas ni a las responsabilidades, como son, por ejemplo, implantar controles internos efectivos y producir estados financieros auditados a tiempo. Esa falta de atención le ha pasado factura y las consecuencias han sido duras.

Entonces tenemos a la JSF, que comienza su plan fiscal para la UPR reconociendo lo esencial que es la institución para Puerto Rico y su futuro, para luego azotarla con todo tipo de reformas apresuradas, pretendiendo transformar, en tan solo cinco años, una estructura financiera que es resultado de más de medio siglo de prácticas y costumbres.

Leyendo objetivamente el plan fiscal de la JSF, hay reformas que son, en su mayoría, sensatas. El problema es que pretende implantarlas en un plazo muy corto. Reformar la UPR, en todas sus dimensiones, no es posible en cinco años. Por ejemplo, casi triplicar el costo de matrícula en tan corto periodo es atropellar a muchos estudiantes. Creer que se aumentarán los ingresos externos de una institución con muy pobre tradición de levantar estos recursos es irreal.

Una reforma que no es sensata es querer eliminar el plan de retiro de beneficios definidos y reducir actuales beneficios. Los empleados públicos, exceptuando amigos del alma de políticos ganan sueldos muy bajos. Así es en la UPR. Jugar con su retiro podrá ser un buen ejercicio contable, pero es un cruel ejercicio humano.

Recomiendo: a la JSF que se fije un plazo de 10 años para sus reformas; a la administración que acelere las reformas administrativas; y a los diferentes grupos de interés les exhorto a negociar desde posiciones reales y sensatas.

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