Héctor M. Pérez Acosta

Punto de vista

Por Héctor M. Pérez Acosta
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Investigaciones policiacas: el caso de Arellys Mercado

La nota informativa comienza indicándonos que “[u]n asesinato se reportó a las 9:52 p.m. del domingo, 18 de agosto en Villa Marina Boulevard, en Fajardo”. Se añade que “[a]gentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto a la fiscal Diannette Aymat, se encargaron de la correspondiente investigación”. 

Noticias muy parecidas a esta aparecen casi a diario en la prensa escrita y se difunden y comentan con frecuencia por los medios radiales. Cambian los nombres de las víctimas y de las otras personas, de los escenarios y de la tipificación del delito en cuestión, pero el denominador común es la violencia y el crimen que arropa a Puerto Rico. Esta vez se identificó a la occisa como “Arellys Mercado Ríos, de 34 años y residente en Caguas, quien presentaba una herida de bala en el área del cuello que le ocasionó la muerte en el lugar”. Se alegó que el incidente surgió tras una disputa por un celular. 

Esta noticia, quizás por los hechos que la rodearon, sirvió de detonante para llamar la atención de muchos, más allá de lo acostumbrado. La atención se centró en la Policía. Todos exigían de esta agencia el pronto esclarecimiento de los hechos y la inmediata aprehensión y arresto del homicida, para su eventual procesamiento judicial y convicción. 

La reacción de la Policía y de sus directivos no se hizo esperar. La agente a cargo de la investigación, el comisionado de la Policía, Henry Escalera y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer Román, insistieron en que obtendrían rápidos resultados en la aprehensión y arresto del sospechoso. Por su parte, el fiscal del distrito de Fajardo, Yamil Juarbe, identificó al sospechoso del asesinato de Arellys como Jensen Medina Cardona, de 33 años. 

Finalmente, Medina Cardona fue conducido ante el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo desde donde salió libre bajo fianza, luego que la jueza Irmarie Colón Masó encontrara causa para arresto por tres cargos: uno por asesinato en primer grado y dos por violaciones a la Ley de Armas. Le corresponde ahora al Ministerio Público sostener y probar el caso durante las distintas etapas del proceso hasta obtener la convicción del ahora imputado, más allá de duda razonable. 

Ciertamente los procedimientos investigativos, de identificación y acusatorios requieren de un rigor metódico que finalmente conduzcan a convicciones. El éxito que se obtenga al alcanzar convicciones en cualquier acción penal descansa en gran medida en los procesos investigativos que preceden a la radicación de cargos. Una buena investigación policial es casi garantía del éxito en los tribunales. No es tarea fácil. El agente investigador a cargo, además de estar capacitado en la materia, tiene que asegurarse de que en cada etapa se garanticen los derechos de las personas en que se vaya centrando la investigación, hasta levantar el expediente. Mientras más cerca del potencial imputado, más cautela se le exige en la garantía de sus derechos. De lo contrario podrá dar con el responsable, pero será cuesta arriba que se logre su convicción. Aunque parezca contradictorio para algunos, el primer garante de los derechos del acusado es la propia Policía. Es por eso que en casos como el de Arellys muchos se cuestionaban por qué no se radicaban los cargos, habiéndose conocido ya de un sospechoso. Y es que aunque comprensible la inquietud pública, el expediente estaba incompleto. 

En la proyección pública del caso Arellys, el eslabón débil pareció ser la Policía. Sin entrar a las interioridades de la investigación, pues en esta etapa no sería responsable, ciertamente hubo deficiencias en la comunicación pública. Dependiendo de la etapa investigativa en que se encuentren, los miembros del componente de seguridad pública tienen que ser cautelosos con la información que hacen pública. En fin, en casos como este de Arellys, pocos pueden cuestionar las mejores intenciones de la Policía por esclarecer. Pero sin duda, se hizo patente la ausencia un buen sistema de comunicaciones públicas. A veces - principalmente en las etapas cruciales de los casos - es necesario o inevitable mantener silencio y responder que “ni niego ni confirmo”. 


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