Hiram Sánchez Martínez

Punto de vista

Por Hiram Sánchez Martínez
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Investigación sí, carpeteo no

La noticia que se publicó ayer en este diario de que en una investigación penal en curso el Departamento de Justicia ha obtenido de un juez una orden de registro para hacerse de cierta información en manos de Facebook y otros medios de comunicación pública, es un buen indicio de que el gobierno ha aprendido la lección.

Antiguamente —mucho antes de que el Tribunal Supremo resolviera el caso de Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650 (1988)—, le ajotaban la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico a cualquier ciudadano que cantara La Borinqueña o llevara la bandera de Puerto Rico en la solapa de la camisa o blusa. O simplemente porque acudiera, en los predios de la Universidad, a una presentación de Silverio y Roxana (sí, Silverio Pérez, el mismo) o de Roy Brown. Entonces éramos muy jóvenes y se nos “fichaba” por simplemente gustar de esa música o porque participáramos en un piquete pacífico contra la repudiada guerra de Vietnam, o porque fuéramos a un recital de la poesía de Francisco Matos Paoli o de Juan Antonio Corretjer.

La generación anterior a la nuestra había tenido que sobrevivir a los tiros letales del oficialismo y también a la ley del tapaboca —o Ley de la Mordaza— diseñada para acallar la voz de la conciencia puertorriqueña que se manifestaba por medio del nacionalismo albizuista nada conciliador y muy atrevido. Ya para entonces la práctica de fichar y perseguir a una persona porque creyera que la solución al coloniaje del país era la independencia, no discriminaba entre independentistas de armas tomar e independentistas de tertulia. Eran tenidos indistintamente por cosa mala, gente toda de la misma calaña, al punto de que en la revuelta de 1950 se expidieron órdenes de arresto contra algunos populares y republicanos que en su juventud habían coqueteado con el independentismo. ¡La Policía les había hecho y guardado sus carpetas y ni siquiera las tenía al día!

Y aunque andemos por ahí ahora escuchando el sordo rumor de la práctica abominable del carpeteo que hubo contra el independentismo en las esferas gubernamentales encargadas de la investigación y el procesamiento criminal, no debemos apresurarnos a formar opinión sin todos los elementos de juicio presentes. El Tribunal Supremo de Puerto Rico no prohibió per se la recopilación de información sobre alguna persona como parte de una investigación criminal con miras a esclarecer un crimen. Todas las sociedades necesitan de un brazo de investigación penal que sea adecuado y eficaz para controlar, y, si necesario fuese, castigar el comportamiento delictivo. Es así en Estados Unidos, en Europa, China, Latinoamérica y también en Cuba. Cualquier otra cosa sería la anarquía y el sálvese quien pueda en tierra de nadie.

Lo importante es, a mi juicio, una rama judicial alerta a los posibles abusos de los procedimientos investigativos. Estoy seguro de que los jueces —porque para eso tenemos buenos jueces y juezas— estarán atentos para evitar que, con lainofensiva apariencia de una investigación rutinaria de un delito, se caiga nuevamente en la persecución de determinadas personas o grupo de personas marcadas de antemano por su ideología, sea la que sea, o porque el motivo de su protesta sea contrario a las acciones o políticas del gobierno. De más está decir que el procesamiento deliberadamente selectivo es odioso a la Constitución y no debe tener cabida en nuestros tribunales.

Por lo que se publica sabemos que hay una investigación penal en curso y que la orden de registro fue expedida por un juez. Quien la impugne —a lo que tiene derecho— podrá hacer en su día todos los planteamientos relacionados con su validez y segundas intenciones, si las hubiere. Y esta vez no serán la Policía ni el Departamento de Justicia quien lo decida; será el Poder Judicial quien tendrá la última palabra.

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