Juan Zaragoza

Punto de vista

Por Juan Zaragoza
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Isla de festines contributivos

Bajo el principio constitucional de “lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta”, por décadas nuestro gobierno ha repartido exenciones y tratos preferenciales a dos manos.  Claro está, eso de que no nos cuesta es realmente un espejismo, ya que dejar de recibir recaudos de contribuciones es lo mismo que hacerle un cheque a un contribuyente.

Por esto es que el Informe del Gasto Tributario, que el Departamento de Hacienda acaba de completar, existe en la mayoría de los países desarrollados, desde la República Dominicana hasta España.  En los Estados Unidos se le conoce como el “Tax Expenditure Budget” y es un requisito de ley desde mediados de la década de 1970.

Muchos se preguntan, ¿por qué no se había hecho antes?  La ausencia de esta herramienta para la medición del costo de concesiones contributivas en forma de deducciones (ej. intereses hipotecarios), exenciones a artículos (ej. exención del IVU a medicamentos recetados), exenciones a empresas (ej. decretos contributivos) y créditos contributivos, se debe a varias razones. Su ausencia en Puerto Rico es aún más llamativa, ya que en esta economía históricamente  se incentiva quitando impuestos.

Mientras se podía tomar prestado y la economía producía lo suficiente, nunca hubo la necesidad de evaluar cuánto costaban estos tratos preferenciales.  Además, dejando la ingenuidad a un lado, detrás de cada trato preferencial existe algún grupo que se beneficia y al cual no le conviene que se sepa el costo de su beneficio.  Por eso, tenemos concesiones que datan de muchas décadas atrás, a pesar de que su razón de ser ya no existe.

No fue hasta que se cerraron las fuentes de financiamiento en el Departamento de Hacienda que se empezó a ver en el horizonte la quiebra, y que el manejo de la cuenta de banco se convirtió en un acto de malabarismo, cuando tuvimos la necesidad inpostergable de medir estos tratos preferenciales.

La ausencia de esta herramienta nos incapacitaba para determinar el costo de estos tratos contributivos preferenciales, y a la vez, determinar si la política pública que trató de promover algún día, estaba todavía vigente.  Además, hacía del ejercicio de la preparación del presupuesto anual uno impreciso, ya que el radar de Hacienda solo capturaba lo que se recaudaba y no lo que se dejaba de recaudar.  Por tanto, en muchas  ocasiones  nos quedamos esperando  recaudos que nunca llegaron.

Por esto, a mediados de 2016 se comenzó el proceso de capacitar al personal del Departamento y a diseñar el modelo de simulación necesario para construir esta herramienta.  Se solicitó ayuda técnica al Tesoro Federal y se preparó legislación, que solo fue aprobada en la Cámara, para  requerir su preparación anual  con el  presupuesto general.

Solo de esa forma el país podrá tener claro cuánto cuestan estas concesiones, y en el proceso legislativo no tan solo justificar el asignarle millones a una agencia, sino también discutir, por ejemplo, la justificación de conceder una exención parcial a los médicos que cuesta $127 millones anuales.

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