Antonio Quiñones Calderón

Punto de vista

Por Antonio Quiñones Calderón
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Jenniffer González: la solución idónea

Tronchada por decisión judicial la breve gobernación de Pedro Pierluisi en razón de la inconstitucionalidad de la ley en que basó su juramentación, y anticipada la decisión de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, de no aceptar permanecer en el cargo que, por orden de sucesión le corresponde, el pueblo de Puerto Rico –no sólo el Partido Nuevo Progresista de gobierno– tiene en la eventual juramentación de Jenniffer González Colón como gobernadora  –y en su eventual gobierno– la solución idónea a la crisis política sin precedentes soportada con estoicismo democrático por nuestro pueblo durante las pasadas semanas.

Antes que todo, la actual comisionada residente González Colón no surge en un vacío en el principal escenario político del territorio de Puerto Rico de nuestros días: fue presidenta de la Cámara de Representantes durante el cuatrienio 2009-12 y –no poco importante– durante la elección general de 2016 fue suya la candidatura más votada por los puertorriqueños –inclusive recibió más votos que el entonces candidato a la gobernación y luego gobernador, Ricardo Rosselló. Un total de 718,591 puertorriqueños (48.80%) votó por ella –58,081 más que los que apoyaron al candidato a gobernador, que capturó 660,510 votos (41.80% del total de sufragios emitidos para la gobernación), y nada menos que 132,717 votos más que los 585,874 obtenidos por su propio partido, que ganó la elección de ese año. De manera que sucedería al gobernador renunciante no sólo una persona de conocidos méritos personales y políticos, sino una que recibió durante la elección precedente un sólido respaldo del electorado fuera de su propio partido como, obviamente lo dicen los números que, como se dice en el argot del pueblo, no mienten. Así que con su eventual designación como secretaria de Estado –que haría la gobernadora Vázquez antes de dejar el cargo por su propia voluntad–, y la esperada confirmación por la Cámara de Representantes y el Senado, se cumple cabalmente con el orden constitucional de la sucesión del gobernador. Ese es uno de los elementos puntuales de la legitimidad de la juramentación de la comisionada residente como gobernadora.

El otro componente es el del respaldo público. Si bien los votos que recibió en la elección precedente no fueron para el cargo de gobernadora, constituyen prueba fehaciente de un fuerte apoyo electoral, especialmente cuando se toma en consideración que más de 126,000 electores cruzaron líneas de partido para preferir a ella sobre los candidatos de sus propios partidos, como también evidentemente lo hicieron miles de no afiliados a partido político alguno.

Se suma a lo anterior el desempeño reconocidamente efectivo que ha tenido durante los pasados 31 meses en el Congreso, en el cual ha cultivado una relación de respeto y colaboración bipartita beneficiosa para Puerto Rico. Añádase a lo anterior, su transparencia en el ejercicio de sus funciones, además de la serenidad –sin que vaya en menoscabo de la firmeza de sus acciones y decisiones– en el debate público, ingrediente tan urgentemente necesitado en nuestros días. 


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