Eduardo Villanueva

Punto de vista

Por Eduardo Villanueva
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Jensen Medina: el derecho a un juicio justo

La carta de derechos de la Constitución de Puerto Rico establece lo siguiente:  Artículo ll; Sección 11. 

“En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia. 

En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve…”

La determinación de causa para juicio en el caso de Jensen Medina, obliga a la defensa a evaluar varias opciones. Recurrir de la determinación de causa en caso de que considere que no fue conforme a derecho y que la prueba ofrecida debió ser por un delito inferior al de asesinato en primer grado. Puede plantear errores procesales referentes a la identificación del imputado, lo cual es menos probable. En caso de no recurrir, vendrá la lectura de acusación, se hará alegación y se concederá tiempo para cualquier defensa que se quiera plantear.  Se completará cualquier descubrimiento de prueba que no se haya efectuado hasta este momento. La Regla 95 (a y b), concede a la defensa y al fiscal, efectuar descubrimiento de prueba antes de juicio.

No voy a comentar sobre el rol y la efectividad del desempeño de la defensa y del ministerio público, ni la calidad o credibilidad de los testigos que desfilaron en la vista preliminar. Solo quiero enfatizar que el Estado no tiene derecho a un juicio, como parecen creer los que presionan para que se efectúen procesos preliminares con celeridad. El derecho a un juicio rápido y público es del imputado de delito. Los derechos constitucionales son oponibles frente al Estado. 

Enfatizo que el acusado tendrá serios problemas para conseguir un jurado justo e imparcial, con un ánimo no prevenido, en vista de la publicidad masiva que ha tenido el caso. Mociones de traslado, aplazamiento del caso para enfriar la opinión pública y concesión de más recusaciones perentorias que las que proveen las reglas en caso de asesinato, tendrán que ser planteadas y evaluadas por el juez que eventualmente presida el caso.

La intervención de medios electrónicos, fotoperiodistas, analistas; abogados y no abogados, incluyendo psicólogos que en ocasiones pueden cargar la opinión pública hacia la percepción de culpabilidad por el delito imputado, sin atenuantes y sin reclasificaciones, hacen muy vulnerables los derechos del acusado. 

Es difícil la posibilidad de, no digo una absolución, sino incluso de una negociación o alegación pre acordada con reclasificación del delito. Ello requerirá de un juez muy atento a la no contaminación del proceso por venir. Será necesario que a los fiscales les concedan discreción, ellos son los que mejor conocen fortalezas y debilidades de su caso. Siempre habrá la posibilidad de negociar una alegación pre acordada justa para ambas partes. Cualquier alegación pre acordada, obviamente conllevará pena de cárcel por largos años, lo cual determinará por mucho tiempo el destino del imputado de delito y el de las familias de ambas partes. 


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