Ibrahim Pérez

Tribuna Invitada

Por Ibrahim Pérez
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Junta de control médica

La Ley 136 de Centros Médicos Académicos Regionales (CMAR) de 2006 aspiraba a fortalecer y desarrollar aún más nuestros talleres de educación médica pos-grado, los cuales fueron duramente azotados tras la implantación de la reforma de salud gubernamental en 1994 y la privatización de nueve de doce hospitales públicos entre 1998 y 2000.

La ola migratoria de pacientes del sector público al sector privado de salud le quitó la materia prima a los programas gubernamentales de adiestramiento en especialidades médicas.

Entre 1994 y 2006, se perdieron 197 plazas para residentes (935 a 738), incluyendo 181 en los hospitales públicos de Caguas, Bayamón y Mayag ü ez. Afortunadamente, cuatro de once entidades: Escuela de Medicina de UPR, Hospitales San Lucas Ponce, Municipal de San Juan y Veteranos, han asegurado la continuidad de nuestros programas para residentes, patrocinando 80% de las 931 plazas para residentes hoy disponibles.

Hemos perdido terreno en las disciplinas de cuidado primario-preventivo. Las plazas de especialidades primarias se han reducido en 13%, las demás han incrementado 26%. Pediatría, obstetricia-ginecología y medicina de familia han perdido 116 plazas. Incorporar nuevos participantes ha sido difícil. Los nuevos patrocinadores pos-1993, Bella Vista y Escuela de Medicina de Ponce, solo han añadido 48 plazas.

La ley 136 crearía cuatro CMAR encabezados por nuestras cuatro escuelas de medicina. Los CMAR serían corporaciones sin fines de lucro con personalidad jurídica propia, separada del gobierno. Tendrían una Junta de Directores con una composición determinada por cada región. Estarían adscritos a una Junta Central independiente.

El CMAR del Suroeste es el único que ha funcionado durante los pasados siete años bajo el liderato de la Escuela de Medicina de Ponce y seis hospitales afiliados, todos privados: San Lucas y Damas (Ponce), Concepción (San Germán), Mayag ü ez Medical y Bella Vista, y Manatí Medical. Sobre 80% de sus plazas para residentes corresponden a especialidades primarias, disciplinas que más plazas perdieron desde la implantación de la reforma.

El Proyecto del Senado 763 fue aprobado en ese cuerpo calladamente el último día de sesión. Está pendiente en la Cámara. El mismo deroga la ley 136, pero reteniendo su marco conceptual. Reformula la gobernanza y estructura operacional de los CMAR. El rector del Recinto de Ciencias Médicas es elevado al rango de monarca de nuestra educación médica pos-grado. Se eliminan las Juntas Regionales. Las sustituye un director ejecutivo designado por dicho rector. El RCM domina el Comité Ejecutivo de la nueva Junta Central.

Nuestros programas para adiestrar a residentes en especialidades médicas han existido desde 1955, predominantemente bajo el patrocinio gubernamental. Los hospitales privados han colaborado significativamente por décadas para adelantar nuestra educación médica, siempre voluntariamente. Ninguno está obligado a ofrecer programas para residentes. La única obligación que tienen es cumplir con los requisitos de la agencia acreditadora, el “Accreditation Council for Graduate Medical Education”.

Ni la ley 136, ni el Proyecto 763 son necesarios para ofrecer una residencia. El proyecto 763 no añade valor alguno a la educación médica, no es enmendable y debe ser retirado de inmediato. Si se convierte en ley, el gobierno se arriesga a quedarse solo. Las instituciones privadas podrían descontinuar sus programas vigentes, aunque también podrían seguir patrocinándolos fuera de dicha ley.

El inexplicable control que el gobierno quiere ejercer sobre los programas para residentes ofrecidos por entidades privadas, podría ahuyentar nuevos patrocinadores. No podemos desviarnos del verdadero reto que tenemos por delante: crear incentivos para que más hospitales privados consideren establecer nuevos programas que fortalezcan el adiestramiento de más y mejores médicos especialistas para servirle a las próximas generaciones de puertorriqueños.

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