Aníbal Acevedo Vilá

Tribuna Invitada

Por Aníbal Acevedo Vilá
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Junta de poderes inconstitucionales

Al chocar con la realidad que nos impone la Junta de Control Fiscal, hay tres reacciones: los que la defienden, los que objetan algunos de sus poderes y decisiones, pero aceptan otras; y los que nos oponemos a los poderes que ostenta por razones democráticas, sin distinción sobre si nos gustan o no sus decisiones.

Esa Junta es la institución más antidemocrática creada por el gobierno federal (con la excepción de la cárcel de Guantánamo). Sus miembros no fueron electos por nadie, no le responden a nadie y pueden tomar decisiones unilaterales que afectan la vida y propiedad de miles de puertorriqueños. A esa Junta se lo otorgaron poderes ejecutivos y legislativos que ejercen, simultáneamente, eliminando la separación de poderes, que, con sus pesos y contrapesos, es la esencia misma de la creación de la nación americana.

Los valores que protege la separación de poderes quedaron establecidos en los ensayos, El Federalista, publicados como parte del proceso de ratificación de la Constitución de EE.UU. En El Federalista 47, Madison escribió que la “acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean estas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía”. Y más adelante, citando a Montesquieu, se añade que “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se reúnen en la misma persona o entidad, no puede haber libertad”.

Eso es lo que hace la Junta: tiene poderes ejecutivos y legislativos que ejercieron a la vez cuando aprobaron los planes fiscales. Si el Congreso creara una junta como la de Promesa para atender el déficit federal, sería inconstitucional. Igual, si la creación hubiera sido de nuestra Legislatura.

Ante esta clara violación a los principios democráticos, los que defienden la Junta invocan los “poderes plenarios” del Congreso sobre Puerto Rico. Pero deben saber que nunca se ha interpretado que poderes plenarios significa que el Congreso puede hacer lo que le da la gana.

En 1928, en un caso sobre Filipinas, un territorio bajo “poderes plenarios”, el Tribunal Supremo de EE.UU. expresó que el esquema de separación de poderes es “básico y vital, no meramente una materia de mecánica gubernamental”, y añadió que, “como regla general inherente en el sistema constitucional americano, que, a menos que expresamente se provea de otra forma o incidental a los poderes conferidos, la legislatura no puede ejercer poderes ejecutivos o judiciales”.

Los defensores de los poderes de la Junta argumentarían que los “poderes plenarios” y Promesa son esa “otra forma” de la que se habló en el caso de Filipinas. Pero en 1976, el Supremo federal dijo en Buckley v. Valeo que aunque el Congreso estuviese ejerciendo sus poderes plenarios para legislar, no podía infringir otras disposiciones constitucionales, especialmente, las de separación de poderes.

¿Podría el Congreso legislar que Puerto Rico sea gobernado por un rey o un gobernador vitalicio? Por supuesto que no. Pero los que nos dicen que no hay nada que hacer porque estamos bajo los “poderes plenarios”, lo que hacen es validarle al Congreso y a su criatura esos poderes obscenos.

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