Mayra Montero

Antes que llegue el lunes

Por Mayra Montero
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Junta y Gobierno: punto de partida

Nos han llevado al galope esta semana, y la que comienza no promete ser más apacible.

El gobernador Ricardo Rosselló probablemente conocía la naturaleza de la decisión que iba a tomar la jueza Laura Taylor Swain, quien estableció que la Junta de Control Fiscal no usurpa poderes al Gobierno. No digo que por eso Rosselló partiera hacia Colombia, pero su ausencia resultó ligeramente oportuna. El Secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, salió con esta perla de optimismo: “La jueza Swain reconoce que la Junta de Supervisión Fiscal no puede aprobar leyes”. En efecto, no puede aprobarlas ni falta que le hace: les pasa por encima.

La magistrada además advirtió que, de ahora en adelante, si el Gobierno quiere hacer una reclamación respecto a la autoridad del organismo creado por Promesa, deberá dirigirse al Congreso. Y todos sabemos que a Ricardo Rosselló no le gusta ir a rendir cuentas al Capitolio federal.

Lo que se ha estado construyendo minuciosamente en estos meses —una entelequia mediante la cual se enfoca a la Junta Fiscal como un cuerpo extraño, ajeno a la relación metrópoli-colonia, al que se puede disparar sin enemistarse con los EE.UU.— se ha venido abajo. La Junta es el Congreso. Y el Tesoro. Y hasta la Casa Blanca. Si no se está de acuerdo, hay una sola opción. Y todo el mundo sabe cuál es.

He oído por radio demasiadas veces, desde que se conoció la decisión de Swain —y también el jueves, cuando el Tribunal de Apelaciones de Boston concedió poder a los bonistas sobre la AEE—, que “la clase política” de Puerto Rico tendría que unirse para ir a Washington y exigir que se revoque todo.

Eso, por ahora, es imposible. No se ha preparado al país, o no han querido prepararlo antes. Ese proceso de movilización y conciencia, no se consigue de un día para otro, y mucho menos dentro de un marco de consumo fuerte, donde además hay una puerta abierta hacia Estados Unidos. Total, mientras se esgriman los extraños argumentos del “status quo”, todo seguirá cocinándose en una salsa ambivalente, que no es propicia a la definición. Casualmente, el mismo día que Taylor Swain daba a conocer su fallo, y que en La Fortaleza se hablaba de apelarlo, el Gobernador solicitaba al Congreso $139,000 millones para la reconstrucción del país. Se trata de un actitud muy mental, donde se pretende que una cosa no tiene que ver con la otra. Y sí, tiene que ver.

La alternativa, que es exigir la estadidad, no cuaja. Ni va a cuajar por ahora. No hay herramientas para forzar la anexión. La única petición plausible en el Congreso vendría a ser la reivindicación soberana. Van todos, Ejecutivo y Legislativo, a decir que no aguantan el brazo de la Junta, y que no acatarán sus órdenes. Tampoco las de los tribunales de Boston. Teniendo en cuenta que bajo el estatus actual no hay ninguna oportunidad de deshacerse de ese control, y que la estadidad, que también significa estar sujeto a los designios de Washington, está muylejos de materializarse: ¿qué queda?

Pues una formulación contundente de independencia. No hay otra cosa, no hay una dimensión secreta, ni una teoría de la relatividad más allá del tiempo y del espacio. Es eso, o lo que acaba de determinar la jueza, no hay un término medio por más que se empeñen en buscarlo. Y aun en el estado soberano, sin una banca nacional que respalde la sobrevivencia, alguien que explique cómo se va a enfrentar el cataclismo.

Según lo que dijo hace dos días la directora ejecutiva de la Junta Fiscal, Natalie Jaresko, a medida que haya más “claridad” sobre los fondos que van a llegar a Puerto Rico, se podrán ir revisando los estimados en el Plan Fiscal.

En realidad, la negociación parece ser ésta: habrá una especie de moderado rescate, solapado en los multimillonarios fondos de reconstrucción que estaría aprobando el Congreso y soltando el Tesoro, pero en ningún modo dejarán que esa fortuna la maneje el Gobierno de Puerto Rico.

La insistencia con el bono de Navidad, por ejemplo, ha superado aquí los límites de lo obsesivo. Se sabe que el bono es un importante aliciente, no solo para los trabajadores, sino también para el comercio. Pero puestos a tomar decisiones para que no se pierdan empleos, o para dotar a los hospitales de mejores recursos, el bono de Navidad es algo secundario.

Por último, si la Junta Fiscal va a manejar el destino final de las asignaciones, es bochornoso que, por un lado, se les quiten partidas a la Policía y a los Bomberos, y por el otro se mantenga, o incluso se aumente, la cifra destinada a la Comisión Estatal de Elecciones, más inútil que nunca.

¿Qué cosa tan importante tienen que hacer los comisionados electorales de los partidos, inmersos como están en una garata por el mando dentro del edificio, y vacacionando cuando el país se viene abajo? Que se esfumen. Nadie lo notará, ni a nadie le interesa.

La llamada “clase política” a la que tantos piden unidad, se desintegró hace rato. Y desde los escombros, dentro de unos años, luego de que se cuadren cuatro presupuestos —todavía no se ha cuadrado el primero—, podrán resurgir unas ideas distintas, alentadas por una nueva realidad social, y por mentalidades más objetivas que saldrán de esto.

El Gobierno rompió las negociaciones con la Junta Fiscal porque le dio la gana. La Legislatura estuvo ladrándole a la Luna, y lleva un mes abanicándose. Y ahora, después que se perdió un tiempo preciso, volvemos al punto de partida. Porque no hay otro. No hay dos ni tres. Podrán patalear lo que deseen, pero el punto de partida es este.

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