Yenier Prado Pombal

Punto de vista

Por Yenier Prado Pombal
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Justicia con mascarilla: un llamado a los jueces

El filósofo y jurista francés, Montesquieu, padre de la teoría de separación de poderes que hoy conocemos, dijo en su obra “El espíritu de las leyes” que incluso en los pueblos más libres de la tierra, hay casos en los que se debe cubrir por un momento con un velo a la libertad, lo mismo que se hace con las estatuas de los dioses. 

No hay dudas de que el estado de emergencia es un mal necesario. En términos generales, de lo que se trata es de una forma particular que adopta el Estado para atender determinada situación que compromete el orden constitucional de un país. El politólogo alemán Carl Schmitt, en su libro “La dictadura”, señala su origen en la república romana. Por su parte, la declaración de emergencia que conocemos hoy es una categoría dentro de lo que se conoce en la mayoría de los países de Iberoamérica y Europa como un “estado de excepción”.

En la mayoría de los países donde las constituciones se parecen a las de Puerto Rico, la facultad de los gobernantes para declarar el estado de excepción emana de la propia Constitución. En estos países de tradición civilista existen instituciones que examinan la constitucionalidad de la ley antes de su entrada en vigor. Por lo tanto, las leyes y decretos del gobernante nacen con un voto de constitucionalidad durante la situación de excepción.

Sin embargo, en los Estados Unidos y Puerto Rico, la facultad del gobernante para declarar el estado de emergencia no emana de su Constitución. Tampoco existe un mecanismo de control de la constitucionalidad previo. Es decir, para que se declare la inconstitucionalidad de la ley o la actuación del Estado, se tienen que dar diversos factores. Entre ellos, que la ley u orden ejecutiva se esté aplicando y que el tribunal tenga ante sí un caso activo que amerite su intervención. En esencia, en sistemas de derecho como el nuestro, es muy difícil para el ciudadano común lograr que se declare inconstitucional la actuación del Estado durante la crisis. 

Por lo tanto, más allá de destacar la importancia de trabajar por mejorar el mecanismo de autodefensa de la Constitución de cara a futuro, hoy debemos reforzar el papel de los tribunales durante la crisis. Es aumentar la presencia de la Rama Judicial como garante institucional de los derechos civiles. 

De cumplirse los pronósticos dados por los expertos en medicina, el número de casos de COVID-19 aumentará y la inmediata respuesta judicial puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas. Tal vez los jueces se enfrenten a los reclamos de una persona que exige información sobre el cadáver de un ser querido; a controversias en torno a la libertad de culto; controversias sobre el derecho de un paciente a rechazar tratamiento médico o la apertura de un camino o vía rápida, arbitrariamente cerrada, por solo decir algunos ejemplos. El llamado a los jueces está hecho: evitar que los derechos humanos durante la crisis se conviertan en una quimera. 

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