Rafael Hernández Colón

Tribuna Invitada

Por Rafael Hernández Colón
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Justicia federal no avala la papeleta plebiscitaria

El voto a emitirse en el plebiscito este domingo no tendrá valor alguno para promover la estadidad. El mismo carece de legitimidad. El reclamo de estadidad en el Congreso se estrellará contra el desacato a la Ley 113-76 del Congreso, requiriendo la aprobación de la papeleta por el Departamento de Justicia federal para certificar que está de acuerdo con la Constitución, con las leyes y con las políticas de los Estados Unidos.

La papeleta inicial aprobada por la Legislatura fue rechazada por el Departamento de Justicia federal porque no incluía al Estado Libre Asociado (ELA). Intentando subsanarla, la Legislatura enmendó la ley y el gobernador sometió las enmiendas a Justicia federal para obtener el aval. Las enmiendas que presentan el ELA de forma colonial no cumplen con la Constitución, las leyes y las políticas de los Estados Unidos. Justicia contestó que necesitaba tiempo para revisar las enmiendas y el Gobierno de Puerto Rico decidió no conceder el tiempo y proceder con el plebiscito. Justicia no ha avalado ni avalará la papeleta.

El Gobierno celebró en el 2012 un plebiscito estructurado de tal forma que produjo una victoria artificial de la estadidad. Debido a la forma que se estructuró la papeleta el presidente de los Estados Unidos y el Congreso no aceptaron los resultados. A la luz de eso el Congreso aprobó la Ley 113-76 para que en Puerto Rico se celebrara un plebiscito que estuviera avalado por Justicia federal para que la papeleta sea afín con la Constitución, las leyes y las políticas estadounidenses. De esta forma se protegería el derecho de todos los puertorriqueños de votar por el futuro de su preferencia. El plebiscito que se llevará a cabo el próximo domingo carece del aval requerido por el Congreso por lo cual no será válido.

El Gobierno ha incumplido deliberadamente con lo dispuesto en la Ley federal 113-76. Han hecho caso omiso al procedimiento establecido por el Congreso para actuar sobre la voluntad del pueblo respecto a su futuro. A la luz de que ya el gobierno de los Estados Unidos rehusó actuar sobre la estadidad a base de los resultados controvertibles del plebiscito de 2012 y proveyó para que Justicia Federal validara la papeleta antes del que el pueblo votara, y de la decisión del Gobierno de proceder con el plebiscito sin la validación de Justicia, el Congreso no actuará respecto a la expresión del próximo domingo.

Un plebiscito para darle una mayoría artificial a la estadidad que no cumple con la ley del Congreso resultará en desacreditar la credibilidad del propio movimiento estadista y en comprometer la honorabilidad del Gobierno de Puerto Rico.

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