Rafael Hernández Colón

Tribuna Invitada

Por Rafael Hernández Colón
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Justicia Federal valida el ELA

El Departamento de Justicia Federal ha dictaminado que la papeleta del plebiscito legislado para el 11 de junio de 2017 carece de legitimidad porque el Estado Libre Asociado no figura en ella. Este dictamen lo emite el Departamento de Justicia en virtud de una ley que aprobó el Congreso en el 2014 para establecer un proceso para la determinación del estatus futuro de Puerto Rico, en cuyos resultados el Congreso pudiera confiar como que constituyen una clara expresión de la voluntad del pueblo de Puerto Rico que es consistente con la Constitución, las leyes y las políticas de los Estados Unidos.

Este proceso requiere que la papeleta que apruebe la Legislatura de Puerto Rico se someta al Secretario de Justicia Federal para que haga las determinaciones correspondientes. De aprobarla, el Gobierno Federal proveería $2.5 millones para una campaña educativa sobre la votación.

El Departamento de Justicia Federal no aprobó la papeleta. La razón principal fue que la misma excluye al Estado Libre Asociado. Esta determinación valida al Estado Libre Asociado como opción para determinar el futuro político de Puerto Rico y a la vez destruye el mito del coloniaje. Valga recordar que el Estado Libre Asociado fue creado por una ley del Congreso que, para darle vigencia al principio del gobierno por consentimiento, proponía al Pueblo de Puerto Rico un convenio mediante el cual tuviéramos gobierno propio bajo una Constitución aprobada por el pueblo y que el pueblo abrumadoramente aprobó este convenio.

El que se haya validado el Estado Libre Asociado dentro del proceso establecido por el Congreso para determinar el estatus futuro de Puerto Rico significa que si el Gobierno continua con el plebiscito que ha legislado que no incluye al Estado Libre Asociado como opción que puedan votar los miles y miles de puertorriqueños que lo favorecen el resultado de ese plebiscito no tendrá legitimidad alguna ni validez ante el Congreso.

Por años los puertorriqueños hemos pedido al Congreso que tome acción sobre el estatus político futuro de la isla. El Congreso proveyó el medio para llevarlo a cabo. Insistir en no seguir ese medio y llevar a cabo otro plebiscito con una papeleta excluyente de una gran parte de la población equivale a darle la espalda a lo que el Congreso ha determinado que es necesario para atender nuestro reclamo. Resulta evidente que los resultados no merecerán consideración alguna por el Congreso al cual se dirige la petición plebiscitaria.

El Gobierno debe descartar este plebiscito y concentrar sus esfuerzos en el cumplimiento con el Plan Fiscal para solventar el fisco y colocarnos en posición de emprender el crecimiento económico. No convienen ahora acciones divisorias de nuestro pueblo con un plebiscito puramente partidista. De todos modos mientras dure el Plan Fiscal no puede haber cambio de estatus porque el Plan Fiscal está montado sobre la base contributiva que tiene Puerto Rico bajo la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado.

Los años venideros serán fuertes y habrá mucho conflicto interno en Puerto Rico y con la Junta de Supervisión así como con el Congreso, todo lo cual requerirá un reexamen de las bases de gobierno propio de Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado. Sobre todo si no se logra reemprender un crecimiento económico a los niveles que requiere la calidad de vida de nuestro pueblo.

Este reexamen junto con la consideración de otras alternativas de estatus requiere que nuestra clase política y la sociedad civil lo aborden con respeto mutuo, colaboración compartida y miras a encausar al país a base de un crecimiento sostenible a largo plazo.

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