Ricardo Santos Ramos

Tribuna Invitada

Por Ricardo Santos Ramos
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¿Justicia o impunidad tras la explosión en la central?

Hoy, 13 de julio, se cumple el tercer aniversario de la explosión ocurrida en la Central Termoeléctrica de San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que cobró la vida de los empleados Sergio Hernández y Luis Rivera Rivera y ocasionó lesiones graves a Luis A. Sánchez y Juan Rodríguez.

A tres años de esta tragedia cabe preguntarnos: ¿Se hizo justicia o reinó la impunidad?  

Desde el primer día denunciamos que ese accidente tenía nombres y apellidos y formaba parte de la grave crisis que se vive en la AEE, donde el descalabro administrativo colocó a la corporación pública como la primera en el índice de mayor incidencia de muertes, lesiones y enfermedades ocupacionales de los Estados Unidos.

Se realizaron varias investigaciones.  Una de ellas por un comité nombrado por la AEE, la cual concluyó que este accidente fue el resultado de una serie de "errores humanos", que los empleados y supervisores del Departamento de Operaciones realizaron el trabajo de forma "negligente", que "obviaron detalles críticos en el proceso" y que hubo una "lectura erróneamente interpretada" la cual dio paso a que el ingeniero de turno Frederick Flores y el supervisor Miguel A. Bellber combinaran su desconocimiento y dieran la orden a los trabajadores para que activaran el “toggle switch”, fuente de la ignición que ocasionó la explosión.

El entonces director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, refirió esa investigación al Departamento de Justicia y le formuló cargos administrativos a dos empleados gerenciales y a un unionado.

Por su parte, la División de Seguridad y Salud del Departamento del Trabajo (PROSHA), emitió luego de su investigación, 50 citaciones y notificaciones de penalidades que sumaron $359,000.  Las citaciones incluyeron 3 de tipo "intencional", 43 de tipo "serio" y 4 de otro tipo menor.

PROSHA encontró que la AEE no tenía un procedimiento que clasificara el turbo generador como un espacio confinado. Que se autorizó el uso de equipos y herramientas que podían ser fuente de ignición. Que no existía un plan de mantenimiento y operación de los sistemas de hidrógeno, ni un programa de adiestramientos y capacitación a todos los empleados.

Aún así, negociaciones secretas a espaldas de la Unión y de los familiares de las víctimas, PROSHA y la AEE acordaron la reducción de las multas a $200,000 y la reclasificación de las citaciones a “serias”, descartando las "intencionales".

Por su parte, el Departamento de Justicia nombró a la Fiscal Barbara Cruz Muñiz, la cual, luego de su investigación, radicó cargos criminales por homicidio negligente al supervisor Miguel Bellber, quien según los informes de la AEE equivocó la lectura de la atmósfera y dio la orden de trabajar.

El propio Bellber escribió en su página de Facebook: “Son muchos los que deben estar temblándole las rodillas, recuerden que yo hablaré y provocará un tsunami, no importa los años deservicio, experiencia y/o jubilaciones le mintieron al pueblo sacando procedimientos que no existían y peor aun poniéndolos en efectividad con firmas de personas que hace años no trabajan para la empresa con toda la mala fe y intención de hacer daño y salvaguardar su posición”.

Emplacé al supervisor Bellber a que mantuviera su compromiso y declarara toda la verdad.  Le informé a la Fiscal Cruz Muñiz sobre estas declaraciones y esta nos informó que serían radicadas más acusaciones. 

Luego de un año de vistas y suspensiones del juicio no acusaron a nadie más sobre estos hechos y el supervisor Bellber se mantuvo callado durante todo el proceso judicial.  No declaró, ni ocurrió el tsunami de la verdad que había anunciado…

Pero la prueba presentada por la fiscal, fundamentada en los informes de PROSHA y la AEE, probó sin lugar dudas que hubo crasa negligencia en este accidente. Sin embargo, al momento de emitir el veredicto, el juez Aldo González del Tribunal de San Juan señaló que fueron tantos los errores y los responsables en este accidente que “sería injusto encontrar culpable solo al supervisor Bellber”, razón por la cual lo declaraba “no culpable” de los cargos imputados.

Aunque con ese veredicto mi primera impresión fue molestarme con el juez, luego concluí que el juez estaba señalando las dos denuncias que nosotros habíamos advertido el primer dia del accidente y de las acusaciones. Primero: que este accidente tiene nombres y apellidos, demostrados en la cadena de “errores humanos” probados que van desde los que construyeron el generador, el jefe de la Central, el higienista encargado de la salud y seguridad en la Central y el supervisor a cargo.  Segundo: que el supervisor Bellber es el eslabón más finito de la cadena de responsables, tal y como lo concluyó el juez diciendo “son muchos los responsables”.  Con ello, el juez pareció decirle a la fiscal que no realizó su trabajo eficientemente al solo traer ante la justicia al eslabón más finito de la cadena de responsables. Pero yo no voy a jugar el juego de la apariencia de justicia cometiendo una injusticia.  Puedo entender la acción “reivindicadora” del juez ante la fiscalía.  Pero ¿que hay con la justicia para las víctimas y sus familiares? Es necesario revisar las leyes para que los crímenes del trabajo no queden impunes.  Es hora de derogar la ley que le otorga inmunidad a los patronos que cometen crímenes del trabajo como éste.  ¡Justicia para los trabajadores fallecidos y lesionados en el trabajo ahora!

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