Luis Vega Ramos

Tribuna invitada

Por Luis Vega Ramos
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Juzgando a la Justicia

La vista para causa de arresto contra la secretaria de Justicia impulsada por la Oficina del Fiscal Especial Independiente y su desenlace de “no Causa” para nada cierra el periodo de cuestionamiento sobre la credibilidad de nuestras instituciones de fiscalización de la gestión pública y de investigación y encausamiento criminal. 

En todo caso, la puerta —peligrosamente—  queda abierta de par en par. 

El poder más avasallador que tiene un gobierno sobre los ciudadanos que le dan legitimidad es el de encausarlo criminalmente. El factor de legitimidad más grande que tiene un Estado frente a sus constituyentes depende de la eficacia y credibilidad de las instituciones y mecanismos de auto fiscalización. 

Hoy, ambas funciones están gravemente cuestionadas y laceradas ante el ojo público. Y habrá mucho que pensar, decir y hacer en el camino a la relegitimación. 

Otro aspecto que está precisamente en tela de juicio es la razonabilidad de que se vaya ante un juez a solicitar causa para arresto de un ciudadano sin, tan siquiera, darle a ese ciudadano acceso a las declaraciones juradas que sostendrían tan grave solicitud. 

Junto al compañero representante José E. “Quiquito” Meléndez Ortiz (PNP) radiqué el P. de la C. 1902 para obligar al Ministerio Público y al Fiscal Especial Independiente a entregar a todo imputado de delito, previo a la celebración de vista para determinar causa para arresto, copia de todas las declaraciones juradas que apoyen total o parcialmente la radicación de cargos. 

La radicación de esta pieza legislativa se justifica aún más tras las declaraciones el viernes de la propia secretaria de Justicia, Wanda Vazquez Garced, a la salida de su vista para determinar causa para arresto. Ella denunció la injusticia de que el FEI no le entregará las declaraciones juradas en las que se apoyaban los cargos criminales radicados en su contra. Dichos cargos fueron desestimados al culminar la vista judicial. 

Ahora que la secretaria de Justicia, y por muchos años fiscal, ha entendido, de primera mano, lo patentemente injusto que es que se radiquen cargos criminales contra un ciudadano y se le lleve a una vista para determinar causa para arrestarle, sin que se le entreguen las declaraciones juradas que sustentarían los cargos, es un momento propicio para retomar la discusión de si dicha negativa es una imposición onerosa contra el derecho de todo ciudadano a un debido proceso de ley y a conocer la prueba en su contra en todas las etapas de su encauzamiento. Confío en que la secretaria Wanda Vazquez será la principal aliada en legislar para prohibir permanentemente esta injustificable práctica. 

El Proyecto de la Cámara  1902 enmendaría el inciso (a) de la Regla 6 de Procedimiento Criminal a los fines de que el Ministerio Público o el FEI tengan que entregar las declaraciones juradas a la persona imputada de delito previo a la celebración de la vista. En aquellos casos que el imputado no sepa leer y no esté representado por abogado, el Ministerio Público tendrá que leer las declaraciones juradas como parte del proceso de someter el caso para la determinación del tribunal. 

Durante el cuatrienio pasado, se sometió legislación similar, entonces promovida por el hoy alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán. En aquella ocasión, el representante Meléndez Ortiz fue uno de los votos del PNP a favor de la misma. Hoy espero que la delegación de mayoría le dé curso a esta medida y confío que la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María Milagros Charbonier, cité a vistas públicas temprano en enero. 

La situación vivida por la secretaria de Justicia, así como la presentación bipartita de esta medida, crean una coyuntura idónea para tener un debate más amplio sobre cuál es el rigor mínimo que debe exigirse de la fiscalía al presentar un caso bajo Regla 6. Espero que podamos llegar a la posibilidad de evaluar seriamente la eliminación de la presentación de estos casos solo con declaraciones juradas. Llegó la hora de esa conversación.

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