Carlos Morell

Punto de vista

Por Carlos Morell
💬 0

La alegada inimputabilidad de Trump

Se ha sugerido que los planteamientos hechos por el miembro del equipo de defensa del presidente Trump durante el proceso de destitución, Alan Dershowitz, se circunscriben a que nada de lo que hace un presidente a nombre del “interés nacional” es ilegal, y que un presidente es una especie de rey, y por lo tanto “inimputable”. Un ejemplo de esto es la columna “Dershowitz, Trump y McConnell” del profesor Rafael Cox Alomar publicada en este diario. No obstante, si bien la defensa esbozada a favor del presidente por el profesor emérito de Harvard —sobre que se tiene que imputar un delito que esté codificado para que un presidente pueda ser residenciado— es poco aceptada en la comunidad jurídica de los Estados Unidos, sugerir que se basa en la inmunidad del presidente para ser residenciado y removido de su puesto, es una tergiversación del argumento.  

El proceso de destitución del presidente Trump ante el Senado de los Estados Unidos se da como resultado de la aprobación de dos causas de residenciamiento: abuso de poder y obstrucción al Congreso. Entiéndase que, a Trump, distinto al presidente Richard Nixon, no se le señala que cometió un delito, lo que para Dershowitz es un requisito. La decisión de los demócratas de no presentar unos cargos que imputaran la comisión de un delito se dio a pesar de que originalmente se vislumbró que uno de los artículos sería soborno, delito que aparece en la Constitución de los Estados Unidos como causa para residenciamiento. 

Recordaremos que no fue hace mucho que la discusión en los medios y en el Congreso estuvo matizada por lo que significaba el latinismo quid pro quo (“dar algo a cambio de algo”). La situación aludía a que la alegación de que Trump condicionó cierta asistencia económica a Ucrania era un escenario de quid pro quo constitutivo de soborno. Esto ya que la entrega del dinero estaba sujeta a que dicho país investigara las circunstancias bajo las cuales un hijo de Joe Biden obtuvo un puesto en una compañía de Ucrania mientras su padre era el vicepresidente estadounidense. Sin embargo, los demócratas acudieron a un concepto más general como “abuso de poder”, lo que les ha brindado mayor flexibilidad argumentativa, contrario a tenerse que enfrentar a delitos que estén definidos de manera concreta en las leyes. 

Ante esto, y bajo la premisa de que se requiere la imputación de un delito para la destitución de un presidente, Dershowitz arguye que no se presentó una acción válida bajo la Constitución. Tal estrategia por el equipo legal de Trump es una común en pleitos ante los tribunales: si un demandante o un fiscal presenta alegaciones que no constituyen una acción válida en derecho o un delito, la parte contraria argumentaría que dicha acción es improcedente independientemente a que las alegaciones puedan ser probadas. Por tanto, el argumento principal que presentó Dershowitz no se hubiese podido dar si a Trump se le hubiese imputado un delito, como soborno. 

En esa línea, Dershowitz plantea que “abuso de poder” es un concepto ambiguo, ya que históricamente la oposición política ha acusado a los presidentes de haber “abusado de su poder” en innumerables instancias, especialmente cuando han tomado decisiones controversiales. Para el profesor, permitir que la destitución de un presidente se base en lo que la oposición política considere que es un “abuso de poder”, convertiría el sistema republicano de los Estados Unidos en uno parlamentario, en el cual la permanencia de un primer ministro está sujeta a un voto de no confianza por parte del parlamento.

Cabe destacar que los seguidores de Trump arguyen que estaba en el “interés nacional” investigar la posible corrupción de los Biden. Fuera de lo creíble o no de tal “justificación”, no debemos olvidar que bajo el pretexto de “interés nacional”, presidentes de los Estados Unidos han cometido atrocidades a través de la historia, y no tan solo no han sido residenciados, sino que han sido reelegidos por los estadounidenses

Por más extremo que sea, el planteamiento de Dershowitz no sugiere inimputabilidad por parte de un presidente, ya que su posición acepta que este puede ser residenciado, y tampoco sugiere que todo lo que haga un presidente bajo el manto del “interés nacional” es legal. Entiéndase que, si un presidente comete un delito constitutivo de residenciamiento, el que este entienda que su actuación fue a favor del “interés nacional” no convertiría mágicamente el acto en uno legal ni eximente de destitución. 

Tanto Dershowitz como el resto de los académicos que se han expresado sobre el proceso de residenciamiento han entrado en un proceso de interpretar qué fue lo que dijeron unas personas hace más de 200 años como parte de la redacción y ratificación de la Constitución estadounidense, sobre un proceso un tanto obscuro del cual no se tiene claro cuál es, por ejemplo, el estándar probatorio, como tampoco cuáles son las potestades del juez presidente del Tribunal Supremo mientras  “preside” el proceso.  

En fin, por más radical (y poco aceptada) que pueda ser la posición de Dershowitz, y el rechazo que provoca la figura de Trump, es incorrecto plantear que la defensa esbozada intima que un presidente es inimputable, y por ende, inmune a ser residenciado y destituido de su puesto. 

Otras columnas de Carlos Morell

💬Ver 0 comentarios