David Skeel

Perspectivas de la Junta

Por David Skeel
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La auditoría de la deuda

Aquellos que me preguntan por qué la Junta de Supervisión nunca ha llevado a cabo una auditoría de la deuda pública de Puerto Rico a menudo se sorprenden con mi respuesta: lo hicimos. Comités especiales de la Junta de Supervisión llevan dos años escudriñando cada emisión importante de deuda y nuestra conclusión de que más de $6,000 millones de dicha deuda debe declararse nula y sin efecto es piedra angular de la propuesta de reestructuración que esperamos anunciar próximamente.

La investigación de la deuda comenzó el 4 de agosto de 2017, cuando la Junta de Supervisión creó un Comité Especial de Investigación (compuesto por Arthur González, Ana Matosantos y el que suscribe) para llevar a cabo un estudio comprensivo de la deuda de Puerto Rico y su relación con la crisis financiera. Luego de entrevistar potenciales candidatos, el comité seleccionó la firma de abogados Kobre Kim para que nos ayudara en la investigación. El ámbito de la misma fue monumental y duró casi un año. Kobre & Kim realizó más de 100 entrevistas con oficiales de gobierno, banqueros y otros, y revisó más de 260,000 documentos. Kobre & Kim también estudió cuidadosamente el Informe sobre el Estudio Pre-auditoría publicado por la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público justo antes de que el Congreso aprobara Promesa en el 2016.

El 20 de agosto de 2018, Kobre & Kim publicó su informe. De unas 600 páginas, dicho informe provee un análisis detallado de las razones de la crisis financiera de Puerto Rico y de preocupaciones potenciales tales como la posibilidad de que parte de dicha deuda pudiere haberse emitido en violación del límite dispuesto en la Constitución de Puerto Rico. El informe también ofrece recomendaciones para asegurar que Puerto Rico nunca jamás vuelva a asumir tanta deuda. El 18 de septiembre de 2018, Kobre & Kim presentó sus hallazgos en una animada audiencia pública que incluyó comentarios y preguntas tanto de parte del comité como de expertos en la Isla.

En vista de los hallazgos de Kobre & Kim, la Junta de Supervisión inmediatamente creó el Comité Especial de Reclamaciones (compuesto por Andrew Biggs, Arthur González, Ana Matosantos y este servidor) para determinar si alguna parte de la deuda de Puerto Rico debiere ser impugnada e incoar cualquier litigio concerniente a dicha deuda. Luego de otro proceso de entrevistas, reclutamos el bufete de abogados Brown Rudnick para que nos ayudara. Brown Rudnick y nosotros estuvimos meses considerando cuidadosamente los méritos de prácticamente cada concebible impugnación a la deuda o a pagos que Puerto Rico hubiera hecho a los acreedores de la misma.

El 14 de enero, radicamos una objeción a $6,000 millones en bonos de obligación general de Puerto Rico, argumentando que dichos bonos fueron emitidos en clara violación del límite de deuda dispuesto en la Constitución de Puerto Rico. Desde entonces, hemos incoado cientos de otros litigios contra bancos y profesionales que participaron en las inválidas emisiones de bonos, y para recobrar más de $1,000 millones en pagos hechos a acreedores antes de que Puerto Rico radicara su proceso de reestructuración cuasi-quiebra al amparo del Título III de Promesa. El comité de acreedores no asegurados, cuyo presidente es uno de los autores del Informe sobre el Estudio Pre-auditoría, se ha unido a muchas de estas objeciones y ha impugnado otros $1,000 millones en bonos de obligación general.

Algunos expertos en el mercado de bonos argumentaron que nuestra objeción a los $6,000 millones en deuda inconstitucional descarrilaría por completo el caso de Título III, ya que los acreedores se rehusarían a negociar. Aun si ello hubiera sido cierto, el Comité Especial de Reclamaciones tiene la responsabilidad fiduciaria de impugnar aquella deuda que viole la ley de Puerto Rico. Nosotros hemos tomado dicha responsabilidad con extrema seriedad.

La ironía es que nuestra objeción a la deuda emitida inválidamente no ha interferido en lo absoluto con la reestructuración. Muchos de los acreedores de Puerto Rico ahora concuerdan en que la deuda inconstitucional debe ser invalidada. De hecho, la distinción entre deuda válida e inválida debe ser la base de la propuesta de reestructuración que esperamos anunciar próximamente.

Nuestra propuesta de reestructuración les ofrece a los tenedores de la deuda que nosotros consideramos inconstitucional la opción de transar el litigio y recobrar una porción menor que la de nuestra oferta a los tenedores de bonos similares válidos. Los tenedores de los bonos impugnados también tienen la opción de rechazar la oferta de transacción y defender en el tribunal la validez de su acreencia. Si ganaran, la propuesta de reestructuración dispone que ellos recobrarían la misma cantidad que los tenedores de bonos de obligación general que consideramos válidos. De esta forma, la propuesta de reestructuración de la Junta de Supervisión cumple con nuestro deber de impugnar acreencias que consideramos inválidas, les da a esos acreedores la oportunidad de defenderse y dispone un marco para una reestructuración significativa de la deuda de Puerto Rico.

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